Liberan a Octavio Pérez por ser un delito no grave

Seguirá bajo proceso por el pago de un adelanto de 575 mil pesos a la empresa consultora López Castro, contratada por la LVIII Legislatura. 
Octavio Pérez Pozos fue aprehendido el lunes pasado acusado de enriquecimiento ilícito.
Octavio Pérez Pozos fue aprehendido el lunes pasado acusado de enriquecimiento ilícito. (Nacho Reyes)

Guadalajara

El ex secretario general del Congreso del Estado, Octavio Pérez Pozos, quedó libre la noche de ayer, tras depositar una fianza que garantizó la reparación del daño al Poder Legislativo, por el caso de la Consultora López Castro. Fuentes del gobierno del estado explicaron que el funcionario seguirá bajo proceso, por el pago de un adelanto de 575 mil pesos a la empresa, contratada por la

LVIII Legislatura, en la que Pérez Pozos terminó como secretario general. Desde ese cargo, firmó un oficio en el que aceptó que se debía pagar a la empresa 42 millones de pesos.

Pérez Pozos tendrá que depositar la fianza para salir libre, mientras que el empresario Rafael López Martínez deberá enfrentar los cargos por otro delito, relacionado con un fraude.

En tanto, en el caso del también ex secretario Alfredo Argüelles Basave, será hasta su detención cuando el juez determine su situación.

Pérez Pozos fue aprehendido el sábado 7 de febrero y liberado al día siguiente, porque no había orden de aprehensión. Nuevamente fue detenido el lunes, acusado de enriquecimiento ilícito.

Por otra parte, el fiscal General, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, confirmó que no actuará contra los diputados de las legislaturas LVIII y LIX que han sido señalados por estar involucrados en el caso de la Consultora López Castro. Dijo que no hay más órdenes de aprehensión que las tres que ya se giraron.

El fiscal confirmó que de las tres órdenes, sólo pudieron cumplimentarse las de Octavio Pérez y

Rafael López Martínez, mientras que Alfredo Argüelles se encuentra prófugo. En cuanto a las investigaciones sobre el Seguro Popular, confirmó que se giraron cuatro órdenes de aprehensión, pero sólo fue capturado Álvaro Córdoba Pérez. Para lograr las detenciones, indicó, ya se subió la información a la Plataforma México, lo que permitirá recibir apoyo de otros estados. Nájera compareció ayer ante diputados locales, como parte de la Glosa del II Informe de Gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, donde fue cuestionado sobre este tema, luego de que no se ha actuado en contra de ex legisladores.

En la comparecencia, evadió las acusaciones sobre por qué no se ha actuado en contra de otros ex diputados que han sido señalados, en particular el presidente municipal de Tonalá, el priista Jorge Arana Arana, así como contra los presidentes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Vargas López, y Verde Ecologista de México (PVEM), Enrique Aubry de Castro Palomino. También le preguntaron por qué no se ha tipificado el delito de enriquecimiento ilícito en contra de la ex regidora priista de Guadalajara Elisa Ayón Hernández.

El fiscal simplemente dijo que en cada averiguación previa hay diferentes tiempos y que siguen con las investigaciones. Indicó que hay una averiguación abierta por el convenio en el que se admitió el adeudo de 58 millones de pesos, pero como no se pagaron, en todo caso sería por fraude en calidad de tentativa.

Sobre los señalamientos que habría en contra del alcalde de Tonalá, Jorge Arana Arana, indicó que si es verdad que fue mencionado en la declaración de Rafael López Martínez, como uno de los responsables, se investigaría, pero no hay elementos todavía para acreditar su participación.

 

La comparecencia

Se han comenzado 1,032 procedimientos contra elementos de la Fiscalía, de los que 24 terminaron en amonestaciones, 142 ceses, 31 suspensiones, 24 suspensiones temporales, 7 autos de formal prisión. Hay 519 averiguaciones previas, 32 ya consignadas.

No hay policías sancionados por tortura.

Se han dictado 3,249 órdenes de protección a favor de mujeres.

No debe hablarse de “desaparecidos”, sino de “personas no localizadas”. La mayoría son localizadas con vida.

Diputados informaron que se han presentado más de mil quejas por tortura y 39 recomendaciones.

El fiscal sólo dijo que había 524.

No hay más delitos que años anteriores.

No es grave el problema de feminicidio. Para acreditarlos se necesita que exista odio, brutalidad

y relación entre víctima y victimario.