Esperan sentencia en primer caso de juicio de interdicción

La madre de "Artur", un joven con cuadraplejia espástica, busca evitar que su hijo quede en el limbo jurídico, como muchas personas con discapacidad severa al convertirse en adultos.
Cuando existe discapacidad severa es necesario tramitar el juicio.
Cuando existe discapacidad severa es necesario tramitar el juicio. (Cortesía)

Guadalajara

Artur no mueve la mayor parte de su cuerpo. No camina, no habla ni puede comer por sí solo. Se alimenta por sonda. Nació con cuadraplejia espástica, una de las formas más graves de la parálisis cerebral. Ésta limita el movimiento de los cuatro miembros y el tronco. Y sin embargo, se mantiene entusiasta y lucha por su vida, bajo el cuidado de sus padres Beatriz Serafín y Arturo Echeverría. La pareja le ha dado todo a su alcance para que viva con calidad en medio de esta condición y de las múltiples cirugías a la que ha sido sometido. Hoy, ellos aguardan por algo más: culminar el proceso legal de interdicción. Su caso está a punto de recibir sentencia y de convertirse en el primero que se dicte en Jalisco tras la reforma legal que permitió reducir drásticamente los costos y el tiempo que, hasta ahora, se lleva un juicio de esta naturaleza.

Artur no se puede mover, no habla, puede contestar preguntas cerradas, de sí o no con su cabeza… es hijo único, mi hermano de repente está aquí para ayudarme a cuidarlo porque nada más va tres días a la escuela y como yo tengo que trabajar necesito que me ayude”, explica Betty. Por consecuencia el joven, hoy de 23 años, tampoco puede encabezar por sí mismo actos de la vida civil como otros ciudadanos.

Aunque parecería natural que la madre o el padre se conviertan en tutores legales de sus hijos con discapacidad severa al cumplir la mayoría de edad, no era tarea fácil. Se requería tramitar un juicio de Jurisdicción Voluntaria para declarar la interdicción, tortuoso y caro, señala Iris Villarreal Parra, quien impulsó la reforma a la Ley de Interdicción de Jalisco.

“Un juez de lo familiar, por intermediación de un abogado, tiene que nombrarle (a la persona que se declara incapacitada) un tutor que lo va a representar legalmente y un curador que tiene que supervisar al tutor. Se hizo un cambio de ley, se estuvo trabajando porque duraba dos años y costaba 100 mil pesos hacer este trámite”, pone en contexto Villarreal.

Luego de tres años de trabajo arduo, la médica con especialidad en dermatología y madre de un niño con la misma discapacidad de Artur, celebró que el 28 de octubre del 2014 el Congreso del Estado aprobara la iniciativa de reforma a la Ley de Interdicción, publicada en noviembre de ese mismo año, con una pequeña fe de erratas que obligó a publicarla de nueva cuenta, ya corregida, en marzo de 2015.

Dicha reforma establece que el proceso de interdicción debe durar 40 días hábiles y que solamente requiere la valoración de un psiquiatra y una publicación del proceso en el periódico oficial. Un océano de diferencia.

“Antes eran seis evaluaciones psiquiátricas, antes eran siete publicaciones en los periódicos de mayor circulación (los que se requerían). Hoy es un gasto que puede ser máximo de 8 mil pesos, cosa que todavía vamos atrás. En la legislación del Distrito Federal, desde hace trece años es un trámite gratuito”, refiere la entrevistada.

Además de simplificar el proceso, esta reforma separó a las personas de la tercera edad a las que se aplicaba la misma figura jurídica de protección para evitar el despojo de su patrimonio (casa u otros inmuebles, bienes, carros, etcétera), de las personas que nacieron con una discapacidad y que no tienen bienes ni nada “y por lo tanto -resalta la doctora- no hay la suspicacia de que los padres quieran aprovecharse de ellos, porque los sacaron adelante por 18 años”.

Betty cuenta que en la escuela de padres del Centro Integral de Rehabilitación Infantil (Ciriac), A.C. supieron lo importante que era el juicio de interdicción para evitar que Artur quede en el limbo jurídico, como sucede a la mayoría de personas con discapacidad severa al llegar a la adultez. A las preguntas sobre quién cuidará de su hijo cuando falten, se agregó la de si tiene derecho a la pensión del seguro o si era posible heredarle la casa donde hoy viven; pero no tenían el dinero para un juicio y pasó el tiempo hasta que se concretó la reforma.

A fines del año pasado, los esposos iniciaron el trámite para que Artur sea declarado interdicto, y la madre su representante legal. Están sobre el plazo de 40 días, porque se atravesaron vacaciones y puente.

“Hoy estamos haciendo sensibilización a todos los actores que intervienen en este proceso de interdicción, porque no es un juicio. Nadie se está peleando con nadie… Sólo hay juicio cuando hay dos en oposición. Este proceso de interdicción es voluntario. ‘Juez vengo a que usted verifique que mi hijo va a depender de mí toda la vida y que lo declare interdicto’”, aclara Villarreal, quien acompaña a los  esposos Echeverría-Serafín en este caso, lo mismo que la asociación civil Ciriac.

Añade que si uno de los padres u otro tutor se opone a que lo declaren interdicto ya se convierte en juicio, porque dos están peleando para que alguien tenga la razón.

Ningún otro estado del país, fuera de la hoy Ciudad de México cuenta con esta reforma en procesos de interdicción a favor de personas con discapacidad. Las familias deben enfrentar un juicio largo, oneroso y desgastante.

“La gran mayoría de las personas no lo puede completar. Primero no saben del proceso… Segundo, cuando llegan a iniciar el trámite y ya no hay dinero, pues lo suspenden”, asegura Villarreal Parra. Sobre cuántos lo logran, no hay estadística. No la llevan los juzgados, pero sin duda, los menos.

El caso de Artur será sin duda parteaguas y oportunidad de sanear también esa deficiencia de información.

“Mi hijo es un guerrero y yo no me voy a dejar caer, yo tengo que seguirle. Yo veo que él tiene muchas ganas de vivir, entonces yo tengo que buscarle una calidad de vida y que lo pueda representar ahora que es adulto. Era mi ignorancia pero ahora espero que él pueda obtener beneficio de esa situación, hoy ya tiene su Cartilla Militar y su INE”, dice Betty, quien comparte este logro como les gusta a madre e hijo, con una selfie.

 

Del juicio de interdicción

¿Qué es?

Es el trámite que se realiza ante un Juzgado de lo Familiar, con el objeto de proteger los derechos y bienes de una persona mayor de 18 años con discapacidad mental, que no le permite ejercer por sí misma sus derechos y requiere de alguien que lo represente desde el punto de vista civil (tutor o tutriz). El tutor a su vez será supervisado por un curador.

Algunos requisitos del juicio

Un promovente (padre o madre o tutor) que solicite el trámite ante un Juzgado de lo Familiar

Un oficio médico de institución con diagnóstico y pronóstico de la persona para la que se busca la patria potestad prorrogada

Una publicación (edicto) en el periódico oficial

A criterio del juez, valoración de perito psiquiatra que confirme la discapacidad severa

De la reforma

En octubre de 2014 se modificó el Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, que se refieren a las condiciones sobre los juicios que tienen como propósito declarar el estado de interdicción de las personas con discapacidad mayores de 18 años

El juicio de interdicción establece legalmente que, por su discapacidad, los mayores de edad pueden ser representadas por uno de sus padres u otra persona

Con esta representación legal, las personas adultas con discapacidad pueden desde acceder a recibir pensión y otras prestaciones; heredar y hasta tramitar pasaporte u obtener la autorización para una cirugía

Este proceso duraba 2 años y tenía un costo de 100 mil pesos en promedio. Gracias a la reforma no debe durar más de 40 días y costará 8 mil pesos