Emiten criterios para garantizar justicia a mujeres e indígenas

El protocolo para juzgar con perspectiva de género, permitirá a quienes imparten justicia identificar los impactos de las normas y auxiliarlos.

Pachuca

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer los protocolos para la impartición de justicia con perspectiva de género y diversidad cultural, para garantizar el derecho de las mujeres e indígenas a la justicia de manera imparcial y sin estereotipos.

Las asesoras jurídicas de la Unidad de Igualdad de Género de la SCJN, Dalia Berenice Fuentes Pérez y Samira Oliveira Noronha, presentaron el protocolo para juzgar con perspectiva de género y diversidad cultural, emitido por la Suprema Corte de Justicia, el cual contiene criterios para ayudar a jueces y magistrados para valorar las circunstancias en que ocurren los hechos.

Desde que la SCJN implementó el programa de equidad, uno de los resultados ha sido el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que permitirá a quienes imparten justicia identificar los impactos de las normas y auxiliarlos para que los pueblos indígenas y las mujeres alcancen una igualdad real de condiciones.

Geraldina García Gordillo, secretaria de Desarrollo Social en Hidalgo, refirió que es responsabilidad de quienes se encargan de impartir justicia, garantizar que las mujeres tengan acceso a la misma y a la no discriminación.

Con ello se busca que las resoluciones judiciales se dicten respetando los derechos humanos, de manera imparcial y libre de prejuicios y estereotipos. Al respecto, Samira Oliveira señaló que en la sociedad "asignamos valores a la gente de acuerdo a su origen de nacionalidad, o si es rico o pobre", y esto no es ajeno a los responsables de impartir justicia, en donde predominan "criterios estereotipados que hacen inaccesible la justicia".

Berenice Fuentes explicó que el origen cultural no debe significar prácticas discriminatorias y para ejemplo dijo que si una mujer indígena fuera violada por cuatro o cinco miembros del ejército y tuviera que caminar después unos ocho kilómetros hasta llegar a un Ministerio Público, lo más probable es que le diría que como no existen pruebas, no se puede hacer nada.

¿Pero qué pasaría si esa mujer que llega al MP después de ser violada fuera la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), o fuera una funcionaria de gobierno? La respuesta sería diferente, y sería un acto de discriminación porque se juzga a la persona y no al hecho, agregó la asesora jurídica.

Afirmó que las normas deben respetar los usos y costumbres indígenas, pero sólo hasta el grado en que estas prácticas no dañen la dignidad humana; por lo que planteó que las autoridades jurisdiccionales deben tener una visión pluricultural y no solamente una visión.

Las asesoras jurídicas comentaron que analizan la posibilidad de publicar el protocolo para impartición de justicia con perspectiva de género y diversidad cultural en lenguas indígenas e incluso para personas condiciones con discapacidad. "Estamos formando nuevos alcances de las normas y con eso estamos creando criterios y estándares nacionales que puedan ser replicados a nivel internacional".

En 2011 la Reforma en Derechos Humanos determinó que todos los órganos jurisdiccionales del país deberán impartir justicia con perspectiva de género y diversidad cultural.