Ejidatarios de Morelos se quejaron ante la CEDHJ

También pidieron al Congreso del estado investigue presuntas anomalías; Jesús Larios, presidente ejidal denunciado, lo desestima y señala que son las calumnias “de siempre”
El proyecto turístico se ubica en el municipio de Tomatlán.
El proyecto turístico se ubica en el municipio de Tomatlán. (Milenio Digital)

Guadalajara

Ejidatarios disidentes de José María Morelos, en Tomatlán, interpusieron queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), y una petición de investigación al Congreso del estado, para hacer frente a lo que llaman el despojo de su patrimonio para favorecer al desarrollo turístico de Chalacatepec, en el litoral de ese municipio, en el cual están involucrados recursos del Fondo de Pensiones del estado.

En conferencia de prensa, ayer, con el respaldo de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios, que preside Cuauhtémoc Peña Cortés, un grupo de ejidatarios presentó los documentos que en pasadas semanas entregaron en los dos organismos públicos, de los cuales demandan se abran expedientes y se determinen responsabilidades en el caso de funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA), del Registro Agrario Nacional (RAN) y de la dirección de Asuntos Agrarios del gobierno de Jalisco, a quienes señalan de “maquinar” el despojo de su representación y de una importante superficie ejidal.

MILENIO JALISCO solicitó a Jesús Larios Guzmán, presidente del comisariado ejidal impugnado por los quejosos, su punto de vista sobre el tema. “Desconozco la postura nueva de ellos; no sé que estén lidiando o inventando, porque son buenos para andar inventando cosas; estamos trabajando las cosas del ejido, queremos que salgamos adelante y no tenemos tiempo de siempre estar pendientes de lo que hace ese grupo que asesora Pedro León Corrales”, contestó por vía telefónica el representante.

La queja ante la CEDHJ fue sellada de recibida el pasado 14 de enero. En el documento, un grupo de ejidatarios, entre quienes firman José Guadalupe Valadez, Jesús Valadez, Heriberta Salas, Irma Rojas, Lorenza Ramírez, Rafael Rojas, Guadalupe Barragán, Emma Cruz y Juan Manuel Rojas, y otras catorce personas. Allí hacen una relación de hechos que se remontan al año 2010.

Primero, aseguran que el ex presidente ejidal Ricardo Vázauez Nájar fue auditado y se le comprobó “un desfalco por tres millones de pesos”, cosa que el ex presidente negó. Como las nuevas autoridades, que encabezaba Cleofas Rodríguez Salas, perdieron interés en el asunto, el comisariado se dividió y el secretario Bartolo Camarena Contreras se negó a firmar actas. En octubre de 2013 se dio un proceso presuntamente espurio para destituirlo. Luego avaló la elección supuestamente ilegal  de Juan Larios (el comisariado en funciones que tampoco reconocen) y con apoyo del RAN entregaron credenciales. La queja incluye numerosos detalles sobre robo de vehículos y bienes, tomas de la casa ejidal, complicidad de policías y amenazas contra los disidentes.

Y como causa del conflicto, señalan las posesiones de campesinos en la zona de interés del megaproyecto de Rasaland y el Instituto de Pensiones, “las autoridades agrarias quieren reconocer pequeñas propiedades [al interior] de nuestro ejido y sus posesiones, para luego venderlas a inversionistas y promotores de desarrollos turísticos […] esperando que los ejidatarios se desesperen y se rindan”.