Ejecutivo se “lava” las manos en torno a sentencia de la Corte

A través de un oficio rechaza que le corresponda garantizar que se cumpla con la resolución en torno a la presa El Zapotillo.

Guadalajara

El gobierno del estado se “lavó” las manos en torno al cumplimiento de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al señalar que el máximo tribunal del país no emitió orden para que el Ejecutivo de Jalisco emprendiera alguna acción en torno a la presa El Zapotillo.

Lo anterior, al responder al acuerdo aprobado por el pleno del Congreso del Estado, a través del cual se exhortó al gobierno de Jalisco a emprender las gestiones jurídicas necesarias para garantizar que se cumpla la resolución y la cortina no se lleve más allá de los 80 metros, porque no se siguió el procedimiento correspondiente.

El 11 de abril pasado, el Congreso local recibió un oficio firmado por el secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, a través del cual responde a los diputados locales que “en la sentencia que decidió la controversia constitucional 93/2012, el Ejecutivo estatal no fue condenado a realizar o dejar de realizar acto alguno”.

Agrega que la Corte ordenó “declarar la invalidez del convenio suscrito el 16 de octubre de 2007”, resolución que se acató “aceptando la insubsistencia” del mismo.

En el texto, se señala que más allá de esa admisión, el gobierno de Jalisco “no está obligado a realizar ningún trámite jurídico-administrativo encaminado a cumplir la resolución, pues lo hizo en tiempo y forma” al aceptar la decisión de la Corte.

Para el Ejecutivo, quien no ha cumplido ha sido el mismo Poder Legislativo, ya que la Corte lo requirió el pasado 17 de febrero para que “manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que han dado las autoridades demandadas a la resolución”, pero el Congreso “no dio respuesta”.

En su resolución, la Corte determinó la declaratoria de invalidez del convenio firmado por el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, con los gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato, para llevar a cabo las acciones en torno al sistema de la presa El Zapotillo, suscrito el 16 de octubre de 2007

La controversia fue interpuesta por el Poder Legislativo y la Corte determinó que, si bien no debía detenerse la construcción de la presa, sí debían llevarse a cabo los trámites ante el Congreso para la autorización de la firma del convenio.