En diciembre sentencia por caso Proterra

Raúl Muñoz De León Segovia, titular de la Dirección Jurídica en Gómez Palacio, recordó que se trata de la cancelación de la concesión del servicio de limpieza en Gómez Palacio.
Raúl Muñoz De León Segovia, titular de la Dirección Jurídica en Gómez Palacio.
Raúl Muñoz De León Segovia, titular de la Dirección Jurídica en Gómez Palacio. (Luis Alatorre)

Gómez Palacio, Durango

Será en diciembre cuando pueda por fin emitirse una sentencia definitiva por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el caso del juicio promovido por la empresa Proterra, por la cancelación de la concesión del servicio de limpieza en Gómez Palacio, de la cual el Ayuntamiento confía que sea a su favor.

Así lo estableció el titular de la Dirección Jurídica en Gómez Palacio, Raúl Muñoz De León Segovia, quien sostuvo que a 5 años de haberse cancelado esa concesión, se han venido ratificando los argumentos por los cuales el municipio acordó esa determinación.

No descartó que aún teniendo esa sentencia a favor, la empresa Proterra podría recurrir a otros recursos legales, pero se tiene la confianza de que el caso se ha atendido y se han sustentado todos los argumentos para la cancelación del servicio, que le estaba representando mucho dinero al erario.

"Se llevó a cabo sin que haya repercutido a la ciudadanía, pues el servicio se realiza sin mayor conflicto y superando la calidad que entonces se proporcionaba".

Como posibilidad, dijo que este conflicto legal pueda finiquitarse antes de que termine la actual administración, para evitar cualquier omisión.

"Los tiempos jurisdiccionales son siempre muy difíciles de medir, porque depende mucho de la carga de trabajo de los juzgados, pero esperamos que antes de que termine la administración podamos tener un resultado a favor y en ese sentido como Dirección Jurídica sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer", dijo Muñoz de León Segovia.

Recordó que en esta demanda interpuesta por la ex concesionaria Proterra, están solicitando la reparación del daño e indemnización equivalente a unos 15 millones de pesos.

De igual manera, recordó que una de las causas por las que el ayuntamiento canceló esa concesión, es que los procedimientos administrativos no se hicieron de manera adecuada y hubo por parte del propio Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo, una revocación de la concesión porque les faltaron algunos requisitos.