Diputados retoman acciones legales contra empresas

Acordaron reactivar demandas contra López Castro, Ola Outsourcing y SAE. 

Guadalajara

El Congreso del Estado retomará las acciones legales en los casos de las empresas Consultora López Castro, Ola Outsourcing y Sistemas Administrativos Empresariales (SAE), según los acuerdos votados ayer por el Pleno.

En lo que se refiere a la empresa López Castro, se determinó que habrá un desistimiento de la demanda que habían presentado los diputados del PRI, Miguel Castro y Clara Gómez, basada en el pago de 58 millones de pesos, para luego interponer una nueva, sólo por los 575 mil pesos que se pagaron como adelanto.

Esta empresa fue contratada en la Legislatura LVIII, para recuperar impuestos pagados en exceso a la Secretaría de Hacienda, por lo cual se le pagarían 42 millones de pesos. La siguiente Legislatura firmó un convenio aceptando un adeudo de más de 84 millones de pesos, sin que la empresa haya prestado servicio alguno, de los cuales los particulares aceptaban el pago de 58 millones de pesos. Este convenio fue elevado a categoría de sentencia; sin embargo, cuando se debía pagar, los representantes de López Castro renunciaron al dinero.

Los diputados también aprobaron dos acuerdos más, a petición de la Comisión Especial Temporal de Seguimiento a los casos de las tres empresas.

Otro acuerdo plantea enviar un exhorto al fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, para que “informe el estado actual de las investigaciones, en razón de las denuncias que se han presentado” por los contratos con las tres empresas.

Además, se autorizó instruir al secretario general, marco Antonio Daza Mercado, para que recabe todos los documentos sobre la contratación de estas empresas y los servicios que presuntamente prestaron al Congreso.

Las empresas Ola Outsourcing y SAE fueron contratadas por la LIX Legislatura, también para temas relacionados con el pago de impuestos, sólo que en estos dos casos sí hubo pagos, que superan los 50 millones de pesos.

En cambio, los diputados rechazaron citar al titular de infraestructura educativa por las compras irregulares que han sido denunciadas y sólo pedirán a la Auditoría Superior que abra una revisión especial.