Gobiernos deben garantizar los derechos de desplazados

El presidente de la CEDH en Durango manifestó que les corresponde brindarles educación, vivienda, seguridad y salud a las familias que fueron trasladas a Cosalá, Sinaloa.
Elemento de la Semar y de la Sedena, seguirán los operativos para terminar con la tala clandestina y la operación de aserradores ilegales.
El presidente de la CEDH en Durango indicó que es obligación de los tres niveles de gobierno garantizar derechos a los desplazados de Tamazula. (David Monroy)

Durango, Durango

Tras la visita del personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a familias desplazadas a Cosalá, Sinaloa, el Ombudsman local asegura que la garantía de derechos como la educación, vivienda, seguridad, salud y alimentos corresponde a los tres niveles de gobierno.

Así lo señaló el presidente de la CEDH en Durango, Felipe de Jesús Martínez Rodarte al hablar sobre lo que encontró el personal de dicha comisión.

"Los visitadores de Derechos Humanos se entrevistaron con personas que se encontraban en Cosalá los que habitaban el municipio de Tamazula al momento de que se desarrolló el operativo de la Marina, en nuestro caso la mayoría de las personas estaban con familiares o algunos otros tenían sus propias viviendas".

Martínez Rodarte, apuntó que la información que se tiene es que se busca que las familias se encuentren bien en lo que a derechos humanos se refiere.

"Entrevistamos a algunos y se hablaba de un padrón de 95 familias que se registraron en el DIF Municipal de Cosalá y que nos compartieron, ahí hubo señalamientos de querer regresar a sus comunidades por su patrimonio, pero habría que esperar a que el operativo concluyera con la finalidad de no poner en riesgo de alguna manera la integridad de las personas", dijo el Ombudsman.

Agregó que en el tema de quejas, el viernes se recibieron dos y este jueves se registraron siete más, las que fueron turnadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

"Los principales señalamientos son el impedir que pudieran salir de las comunidades y sobre todo la parte relacionada con eventos de disparos que ellos señalan que hubo y la falta de algunos enseres que tenían en sus casas y que desaparecieron, sobre todo de comida", señaló el presidente de la comisión estatal.

Felipe de Jesús Martínez Rodarte, apuntó que la información que se tiene es que se busca que las familias se encuentren bien en lo que a derechos humanos se refiere, que cuenten con salud, atención y la parte humanitaria para que tengan una estancia más digna mientras pueden regresar.

"Un desplazamiento involucra muchos aspectos que tienen que ver desde la integridad física, el derecho a la vida, a la educación, alimentación y vivienda, son derechos humanos que se ven involucrados y esto es una obligación tanto del gobierno federal como del Estado y del municipio para que estos derechos que están en un momento dado en riesgo, se puedan tomar las medidas para que puedan ser resarcidos", concluyó.