Coahuila unificará penas por desaparición forzada

El Congreso avaló las reformas que la Cámara de Diputados aplicó a la Constitución. En 10 años la CNDH atendió 620 quejas por este delito, 27 de las cales ocurrieron en el Estado.
Madres recuerdan a hijos e hijas desaparecidos
Habrá mayores penalidades por Desaparición Forzada en Coahuila. (Alejandro Acosta)

Saltillo, Coahuila

El Congreso del Estado avaló las reformas que la Cámara de Diputados aplicó a la Constitución en materia de desaparición forzada, la cual dará paso a uniformar las penalidades correspondientes en la legislación federal y en la de los Estados.

Con la modificación constitucional, la desaparición forzada se considera como un delito de lesa humanidad y sin prescripción.

En México no todos los Estados consideran el delito de desaparición forzada de personas y donde existe, su penalidad va de cinco, diez, 15 y hasta 40 años de cárcel.

Por unanimidad, los diputados locales dieron su aval al proyecto de decreto que reforma el inciso "a" de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se considera a la desaparición forzada o involuntaria de personas como "uno de los flagelos más lacerantes cometidos en contra de la libertad del hombre y la negativa del derecho de un individuo a existir y tener una identidad".

En la exposición de motivos del decreto que se aprobó se advierte que ese delito "convierte a una persona en un ser no existente" y "es el grado más avanzado de corrupción o de abuso del poder del que se valen las autoridades como método de represión contra los opositores políticos".

También se señala que derechos fundamentales como "la libertad y seguridad, reconocimiento de la personalidad jurídica, a no ser sometido a torturas.

El derecho a una identidad, a un juicio imparcial, a un recurso efectivo con reparación e indemnización y a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, son reducidos frente a un acto abusivo de la autoridad, la mayoría de las veces ejercido para silenciar la voces inconformes, restringir el ejercicio del derecho de libre expresión y de asociación, o impedir que salga a la luz una verdad que afecte a los intereses del gobierno.

En México no todos los Estados consideran el delito de desaparición forzada de personas y donde existe, su penalidad va de cinco, diez, 15 y hasta 40 años de cárcel. Con la reforma constitucional se dará pie a una ley secundaria que uniforme los criterios de castigo.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2010 y 2013 se recibieron 124 quejas relacionadas con presuntas desapariciones forzadas en México, la mayoría ocurridos durante 2007, el primero en el ejercicio gubernamental de Felipe Calderón.

En diez años, la CNDH atendió 620 quejas por presuntas desapariciones forzadas, 27 de las cales ocurrieron en Coahuila. 118 en Baja California, 63 en el Distrito Federal, 52 en Tamaulipas, 50 en Chihuahua, 38 en Michoacán, 31 en el Estado de México, 30 en Guerrero, 24 en Jalisco y 23 en Chiapas, entre otros Estados.

La desaparición forzada de personas "la comete el servidor público que independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención".