Policías con conducta de delincuentes, tres recomendaciones de la CEDHJ

Gendarmes de Zapopan, de Guadalajara y de reclusorios realizan abusos de autoridad que provocan desde lesiones a muerte a ciudadanos; pero ndie los ha hecho pagar por ello

Guadalajara

Hay policías que cuidan a la sociedad y persiguen a los que rompen con el orden legal y atentan contra la tranquilidad y los derechos básicos de las personas: los delincuentes. Hay policías que, por el contrario, se comportan como delincuentes, y aprovechan su investidura para aspirar a la impunidad. Contra este perturbador segundo grupo emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco tres de las cuatro recomendaciones que ha publicado este día.

No son hechos insignificantes: desde violencia contra menores de edad hasta homicidio. El trabajo de los visitadores del organismo no ha sido fácil: hay un sistema que inercialmente trabaja para que no se descubra la verdad. Dependerá de las autoridades municipales de Guadalajara y Zapopan, de la Fiscalía de Reinserción Social, y en general, del aparato de investigación y enjuiciamiento de los delitos vigente en Jalisco, que se aplique sanción a los gendarmes culpables. O se abone a la impunidad. Los tres casos:

Violencia policiaca (recomendación 28/14, al presidente municipal de Guadalajara). Policías tapatíos de la patrulla GH-021 arrestaron con violencia excesiva a tres jóvenes que dañaron una maceta en el área pública del centro de la ciudad, como resultado de un choque, la madrugada del 5 de octubre de 2013. Quien se llevó la peor parte fue una menor –de 16 años- que cometió el error de tratar de huir; una mujer policía, de nombre María Guadalupe Martínez Vega, la derribó, la golpeó a puntapiés, la levantó con ayuda de sus compañeros Enrique Fregoso Pérez y José Antonio López Ponce, y “aun esposada, la mujer policía la tomó por detrás y la subió a la patrulla, torciéndole la mano”. Entre insultos, le pusieron dobles esposas y la lastimaron aún más.

“A eso de las cinco de la mañana, las dos hermanas y el conductor del automotor ingresaron a la Secretaría de Seguridad y se les recluyó […] la menor de edad se quejó de que le tomaron fotografías y huellas dactilares a la fuerza, además de que les negaron acceso al baño y agua a ella y su hermana”. Fueron otras ocho horas arriba de patrullas, pues se les quiso consignar en la Dirección de Averiguaciones Previas. Luego regresaron a la policía municipal y mediante multa, fueron liberados.

Nunca fue revisada por personal médico. El médico Sergio Torres Fonseca explicó que no se le revisó “porque se trataba de una menor de edad” (sic) y “a simple vista no tenía lesiones importantes”. Los policías negaron al visitador en uso de la fuerza, pero se contradijeron. El abogado de guardia de asuntos internos, Mario Alberto Rodríguez Jacobo, se negó a abrir una queja contra los gendarmes. La chica, revisada después en la Cruz Verde, resultó con fractura y hematomas, fruto de los golpes recibidos.

Homicidio (recomendación 27/14 dirigida al fiscal central del estado, Rafael Castellanos). El 4 de febrero de 2012, un joven que no se detuvo en un puesto de vigilancia de la policía federal preventiva fue muerto a balazos por policías –de esa corporación o de Zapopan, que participaron también en la persecución-. La madre del occiso abrió queja en noviembre de 2013, culpando a la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan y al agente del Ministerio Público del fuero común, Pablo de la Cruz Sandoval, quien coadyuvado por los hoy agentes del MP de la Fiscalía Central, Esperanza García Alvarado, César Alejandro Rodríguez García, César Eduardo García Rodríguez y Blanca Alejandra Villaseñor Mendoza, “violaron el derecho a la legalidad y la seguridad jurídica por irregular integración de averiguación previa y dilación en la procuración de la justicia, además de que transgredieron el derecho a la verdad”.

Eso agentes le negaron a la madre de la víctima las copias certificadas y porque “dada la flagrancia de los hechos, no sujetó a los policías de Zapopan un proceso de investigación como probables inculpados”.

Con las deficiencias “en que incurrieron, los agentes ministeriales dilataron la procuración de justicia en agravio del hoy occiso y su progenitora, además de que hasta ahora le han privado del derecho a la verdad, sobre quién o quienes son los responsables de la muerte de su familiar”. Es un delito que la CEDHJ pide esclarecer.

Violación a derechos de la mujer y hostigamiento sexual (recomendación 29/14, dirigida a la fiscal de Reinserción Social del estado, Marisela Gómez Cobos). La víctima es una mujer policía que acusó a un superior, José de Jesús Flores Peña (subjefe de Grupo de la segunda unidad del Centro de Readaptación Social), quien le hizo insinuaciones sexuales y la intentó tocar en dos ocasiones, y ante su negativa, acosó laboralmente, pues por denunciar los abusos fue reubicada contra su voluntad por Martín Pérez Hernández, subdirector del CRS; su esposo, molesto con el trato a su cónyuge, también fue reubicado a otro reclusorio. La investigación del delito fue hecha sin protocolos por las autoridades internas. Un peritaje a la víctima por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses demuestra que ésta fue severamente dañada por los hechos en los que no obtuvo justicia.