La Cuyucuata, tres décadas de abuso e intereses políticos

Escrituras “cocinadas” y comuneros no reconocidos son parte del caldo de cultivo de uno de los conflictos más añejos por tierras.
En los últimos días se han registrado enfrentamientos en la zona.
En los últimos días se han registrado enfrentamientos en la zona. (Carlos Zepeda)

Guadalajara

Invasiones silenciosas, desalojos, chozas saqueadas, policías frenéticos, manifestantes iracundos… ese cuadro que se ha vivido los últimos días en la falda sur del Cerro del Cuatro no es ninguna novedad. La disputa por la propiedad “fantasma” más famosa de la conurbación tapatía, La Cuyucuata, es vieja y entrelaza intereses políticos y económicos de gran calado en un esquema de clientelismo con los pobres que nunca caducó.

El 24 de febrero de 1994, el diario Siglo 21 reportaba un documento interno de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que encabezaba el político colosista Óscar Navarro Gárate, donde se hacían observaciones puntuales sobre el conflicto de asentamientos irregulares de la zona.

“Tiene una larga historia de fraudes, engaños y conflictos: muertos, heridos, apedreados. Asesinaron al presidente en turno de la comunidad indígena [de Santa María Tequepexpan], muchos fueron apedreados… se obtenían terrenos desde 60, 100, 500 mil pesos hasta en tres millones [de viejos pesos] según la ubicación del terreno….

“Se consolidó un grupo amparado por dirigentes del municipio de Tlaquepaque […] este grupo empieza a vender constancias en 30 mil, 100 mil o tres millones de pesos… el predio Nueva Santa María lo dividieron en ocho mil lotes que se dividieron entre conquistas, cenecistas y del sector popular…

“Alfredo Barba [padre, alcalde entre 1989 y 1992] convocó a una junta de cabildo, donde los funcionarios prometieron servicios y su total apoyo a juntas de colonos y en concreto a María Luisa Ibarra [una lideresa croquista] para seguir vendiendo carpetas [constancias]”.

Según el documento de la Sedesol, los supuestos dueños de La Cuyucuata eran en ese entonces el Fonhapo [Fondo Nacional de Habitaciones Populares], el ex gobernador Enrique Álvarez del Castillo [quien negó la atribución unos días después al mismo diario], José Pérez Luna y Antonio Torres”. La propuesta de la agencia federal era realizar una amplia expropiación de un terreno cuyos límites ni siquiera eran precisos. Con los acontecimientos de esta semana se demuestra que evidentemente eso no sucedió.

Ya avanzada la investigación, la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, que presidía José Luis Leal Sanabria, encomendó a Gorgonio Ponce Rodríguez, director de orientación y apoyo a los municipios de la dependencia, a realizar negociaciones. Encontró en el camino 39 presuntos propietarios, además de la entidad de vivienda federal y la comunidad cuyo reconocimiento fue denegado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en diciembre de 1991, aunque a 24 años, los solicitantes mantienen vivo el proceso en tribunales.

Al final de esa Administración, la última del PRI en el siglo XX, los reclamantes de la propiedad se dijeron dispuestos a ser expropiados para de una buena vez, deshacer el entuerto (Siglo 21, 14 de septiembre de 1994). Después pasó al limbo. 21 años después, el monstruo vuelve a despertar.