Se ampararán 260 contra contabilidad electrónica

Con este recurso se exentaría al contribuyente de subir datos al portal del SAT hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo, señala abogado fiscalista.
Empresas de alimentos, autoservicio, constructoras, transportistas y exportadoras buscan una defensa.
Empresas de alimentos, autoservicio, constructoras, transportistas y exportadoras buscan una defensa. (Carlos Rangel)

Monterrey

Unos 260 amparos de empresas de los sectores de alimentos, autoservicio, constructoras, transportistas, importadoras y exportadoras de la localidad impugnarán la entrada en vigor de la obligatoriedad de la contabilidad electrónica.

Samuel García Sepúlveda, director de la consultoría Firma Jurídica y Fiscal, expuso que el despacho que él preside presentará estos 260 amparos junto con el recurso de “incidente de suspensión” ante un juzgado de distrito en materia administrativa en Nuevo León.

Se presenta el incidente de suspensión, el cual el juez deberá resolver en una semana, precisamente este recurso permite al contribuyente no subir la contabilidad electrónica al portal del SAT hasta en tanto no se resuelva el amparo, señaló el fiscalista.

Los argumentos, dijo, son anticonstitucionalidad y violación a la seguridad jurídica de los contribuyentes.

Además de la carga administrativa, dado que para implementar la contabilidad electrónica, el costo iría de 20 mil a 50 mil pesos mensuales, un gasto que las empresas no contabilizaban.

“Tenemos que es claro que esta disposición atenta contra el principio de protección de los datos personales de la empresa (…) La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente, pero lo realmente atentatorio contra el principio de la privacidad de los datos personales es que la fracción IV de dicho dispositivo dispone que dicha información o documentación contable, se deberá ingresar de forma mensual a través de la página de Internet del SAT”.

Por ello, Samuel García dijo que están recomendando a sus clientes a ampararse de inmediato por la vía de recurso de “incidente de suspensión”, al lograrse esto se evitará subir la contabilidad al portal del SAT, ni siquiera una vez, esto al menos hasta que no se resuelva el amparo que promueva y cuyo periodo para obtener una sentencia va de un año a dos.

“Pero en el momento que se interpone el amparo, la persona moral o física no tiene la obligación de subir su contabilidad al portal del SAT, e incluso evitaría la multa que la autoridad ha establecido para quienes incumplan esta obligación”, añadió el abogado fiscalista.

El especialista mencionó que hay dos fechas para presentar un juicio de amparo; la primera es a partir de la publicación, que fue el 1 de julio, se tiene 30 días hábiles, siendo la fecha límite el 11 de agosto; posteriormente, en una segunda fecha, es en octubre, al momento de subir la contabilidad electrónica. A partir de aquí, otros 15 días, algo así como el 20 de octubre como fecha límite.

Comentó que si las empresas se esperan hasta octubre, que es la segunda fecha que se tiene para ampararse, la persona moral o física tendrá que subir su contabilidad al portal al SAT, entonces se empieza a cumplir con esta norma, además de consentirla y se complica la suspensión.

“Por regla general tendremos en este mes empresas amparándose al igual que en las dos primeras semanas de agosto”.

El propio SAT dijo que para octubre 1.6 millones de unidades económicas estarán obligadas a subir la contabilidad al portal electrónico del Servicio de Administración Tributaria, de lo contrario se harán acreedores a multas económicas.

“Van a haber mucho más amparos contra e-contabilidad de los que se promovieron contra la reforma fiscal”, aseguró García Sepúlveda.

Los amparos se presentarán ante un juzgado de distrito en materia administrativa y aseguró que existen suficientes elementos para ganar los juicios.

Ayer Caintra confirmó que las empresas afiliadas analizan la posibilidad de ampararse.

En un comunicado de prensa, Caintra rechazó toda disposición que contraviene la seguridad jurídica de las empresas, por lo que lo mejor es que sea un juez, mediante un juicio de amparo, quien evalúe la constitucionalidad de la norma.