Combatirá GDF todo el transporte ilegal

La normatividad se aplicará para evitar que presten el servicio personas que no cumplen con los requisitos que marca la Ley de Movilidad: Rufino H. León.
La reunión entre las autoridades capitalinas y representantes de 200 organizaciones de unidades regulares.
La reunión entre las autoridades capitalinas y representantes de 200 organizaciones de unidades regulares. (Adolfo Vladimir/Cuartoscuro)

México

El Gobierno del Distrito Federal ratificó ayer, por segundo día consecutivo, que no habrá operativos contra las empresas Uber y Cabify ni contra cualquier otra que opere como entidad tecnológicamente constituida y basen sus operaciones de transporte particular en aplicaciones tecnológicas (apps).

Sin embargo, luego de una reunión que sostuvieron el secretario de Movilidad, Rufino H. León, y el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, con 23 taxistas representantes de 200 organizaciones de unidades regulares, se acordó que el Instituto de Verificación Administrativa realizará los operativos en toda la ciudad y aplicará la Ley de Movilidad respecto a las sanciones contra los vehículos que presten servicio de transporte ilegal.

Dentro del esquema de ilegalidad, dijo León, entran todos los vehículos que no cuentan con una concesión como los llamados piratas y aquellos que prestan servicio de chofer con vehículo y que cobran a través de un taxi virtual, con tarifas establecidas por kilometraje, incluidos las unidades de las empresas Uber y Cabify que cobran por prestar un servicio de transporte.

“Vamos a hacer operativos, a atacar no solamente estas aplicaciones, no solo estas empresas, vamos contra todo el taxi no regulado en la ciudad”, indicó.

 “Aplicar la ley implica lo que ya he dicho, actuar contra la ilegalidad sin distingo alguno”.

García Ochoa añadió que la ley se aplicará para evitar que personas que no cumplen con los requisitos presten el servicio.

Para ello se establecerá una política para mejorar el servicio de transporte de taxis en la Ciudad de México y que cumpla con lo que establece la Ley de Movilidad.

El GDF también estableció con los concesionarios esquemas que permitirán combatir la ilegalidad en el servicio de taxis, a través de acciones en las que participarán los transportistas.

ACLARACIÓN

Por la noche, en un comunicado, el Gobierno del Distrito Federal aclaró que no van contra Uber ni Cabify y dijo que los medios de transporte basados en nuevas tecnologías están cambiando la manera en que evolucionan los sistemas de transporte y movilidad en el mundo.

“La CDMX no es ajena a estos cambios e innovaciones, y como gobierno de vanguardia debemos innovar en las soluciones y estar a la altura de las necesidades que demandan estas nuevas dinámicas”.

El documento indica que se necesita actualizar el marco normativo para incluir los sistemas tradicionales de movilidad y dar un contexto legal donde operen las nuevas opciones de transporte.

“Debemos brindar a todos las mismas oportunidades”.

Señala que el gobierno de la Ciudad de México no dejará solos a los concesionarios del servicio de transporte público individual, es necesario incluirlos en la modernización.

“Las nuevas tecnologías implican nuevos retos para las ciudades, debemos ir acorde con estos avances y no podemos rezagarnos.

“Consideramos como un derecho y responsabilidad exclusiva de los usuarios decidir qué sistema de transporte utilizar para movilizarse dentro y fuera de la Ciudad de México”.

El compromiso del GDF, detalla el comunicado, es vigilar que la normatividad existente ayude a contar con un sistema de transporte basado en la calidad en el servicio y la seguridad de los usuarios.

LO QUE DICE LA LEY

De acuerdo con la Ley de Movilidad del Distrito Federal en su artículo 258, comete el delito de transportación ilegal de pasajeros el que sin contar con la concesión o permiso expedidos por la secretaría para tales efectos, preste el servicio público, privado o mercantil de transporte de pasajeros en el Distrito Federal.

A quien cometa el delito de transporte ilegal de pasajeros o de carga, se impondrá de tres meses a dos años de pena privativa de libertad y una multa de 480 a 500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente.

Además de eso, los vehículos que presten ese servicio serán remitidos al corralón, donde sus dueños tendrán que pagar una multa hasta de 25 mil pesos para recuperarlos.