Coalición Internacional para el Hábitat denuncia desalojo forzoso en Temaca

Los gobiernos no están garantizando los derechos de los desplazados en una medida que es abiertamente impositiva, señalan a la relatora especial de la ONU

Guadalajara

La Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina, "denuncia la violación al derecho a una vivienda adecuada que, entre otros derechos humanos, causaría el desalojo forzoso de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo afectados por la imposición de la presa El Zapotillo en Los Altos de Jalisco (México)".

Este derecho se encuentra reconocido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (artículo cuarto), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11.1) y en la Ley de Vivienda (artículo 2). "La Observación General número 7 del Comité de Derechos Económicos,Sociales y Culturales de la ONU, define el desalojo forzoso como: “El hecho de hacer salir a  personas, familias y comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra  índole ni permitirles su acceso a ello”.

En los Principios y Directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo, que retoman y amplían previsiones establecidas

en la observación general 7, se establecen una serie de garantías procesales que las autoridades deberían respetar al llevar a cabo un desalojo como último recurso. "En las múltiples vistas que la coalición ha llevado a cabo a Temacapulín ha podido constatar de primera mano que estas garantías no han sido respetadas por parte de las autoridades.

Un ejemplo muy evidente de ello tiene que ver con lo que los documentos internacionales antes mencionados prevén en relación con la necesidad de que los agentes del Estado demuestren que el desalojo es inevitable, lo que deberá ser sustentado a través de una justificación detallada de la decisión, en particular sobre la ausencia de alternativas razonables al proyecto. Si bien representantes de las poblaciones afectadas por el proyecto han estado participando en numerosas mesas de trabajo con el gobierno del Estado para lograr que la cortina de la presa quedara de 80 metros, lo que evitaría el desalojo, el 10 de abril de 2014 a través de un boletín de prensa el Gobierno de Jalisco informó de manera escueta que reubicará e indemnizará a los afectados debido al hecho que esta propuesta es inviable y que la cortina deberá llegar a 105 metros de altura".

Lo anterior deriva de una determinación de la Comisión Nacional del Agua "que tampoco ha sido motivada de manera detallada. Esta decisión además

contraviene la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida el 11 de octubre de 2013, derivada de la Controversia Constitucional 93/2012 presentada por el Congreso del estado de Jalisco, que ordena la construcción de la presa a 80 metros de altura".

 

Frente a esta situación, HIC-AL (siglas en inglés de la organización) "solicita que las autoridades, que con frecuencia se ufanan de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, pongan en práctica las obligaciones en la materia y respeten la decisión del máximo tribunal de la Nación en relación con la altura de la presa El Zapotillo evitando así el desalojo forzoso de la población afectada.

Nos solidarizamos con la extenuante lucha de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que por más de nueve años han buscado defender sus hermosos pueblos, su territorio, sus costumbres y preservar el agua del Río Verde en beneficio de las generaciones presentes y futuras y del ambiente".  La carta es copiada a Raquel Rolnik, Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada.