Desaira autoridades denuncias por desaparecidos en Jalisco

El 2014 fue el periodo con más casos denunciados en los últimos nueve años. El padrón no es público: Cepad

Guadalajara

A pesar de que Jalisco se  ubica en el segundo lugar de personas desaparecidas,  con 10% de las denuncias de todo el país,  al gobierno estatal "parece no preocuparle" pues hasta ahora hay pocos avances contra este delito, destaca el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad)  que hoy presentó su octavo Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en el estado. 

César Pérez Verónica, director ejecutivo del organismo, enfatizó que la desaparición involuntaria o forzada de personas se ha convertido en una de las más graves violaciones a derechos humanos que se cometen en Jalisco.

Por su parte,  el periodista Darwin Franco, quien expuso el capítulo del Informe dedicado al tema,  resaltó que es preocupante que a la fecha no exista un padrón público de personas desaparecidas y que los datos al respecto sólo puedan obtenerse  a través de las unidades de transparencia, que se reserva información bajo el argumento de su carácter reservado.

Otro rezago es la falta de atención a las madres de familia con hijos desaparecidos, quienes desde hace un mes y diez días esperan que el gobernador de Jalisco, Aristotéles Sandoval, las reciba en una audiencia.

Franco subrayó que entre el año 2006 y el 2014 se abrieron en Jalisco 13 mil 739 indagatorias por desaparición de personas, de las cuales 66% corresponden al periodo 2006-2012, es decir la anterior administración estatal que encabezó el PAN,  y 44% se abrieron en 2013 y 2014.

Sin embargo, fue 2014 el año con más casos de desaparición de personas denunciados en los últimos 9 años. 

El Informe advierte sobre otros rubros donde se constituyen graves violaciones a derechos humanos cotidianamente como son los casos de tortura, atentados contra el derecho al agua,  daños ambientales por intereses inmobiliarios, vejaciones a migrantes, limitaciones al trabajo de defensores y periodistas y criminalización de la protesta social.