Acusan inconsistencias en investigación desaparecidos

El Centro Diocesano Fray Juan de Larios se suma a otros organismos de México que cuestionan la falta de acciones concretas en la crisis de derechos humanos y aclarar 23 mil 605 desapariciones.
Realizaron un homenaje luctuoso al normalista de Ayotzinapa Julio César Mondragón Fontes.
Homenaje luctuoso al normalista de Ayotzinapa Julio César Mondragón Fontes. (Tomada de Twitter @Liliana_Sosa)

Saltillo, Coahuila

Organizaciones independientes de derechos humanos reclamaron al gobierno federal y a las autoridades estatales acciones concretas para que la desaparición de más de 23 mil 600 personas en el país, casos que fueron admitidos por las autoridades, se esclarezcan y no queden sin castigo.

En un comunicado que emitieron en conjunto con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, consideraron que las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad “carecen de contenido y no representan una agenda seria para esclarecer las más de 23 mil 605 desapariciones”.

“Ninguna iniciativa es para robustecer las instancias ministeriales responsables de la investigación de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía General".

Señalaron que la crisis de desapariciones debería estar en el centro del debate público, aprovechando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “Como parteaguas para transformar la lacerante realidad que vive el país en materia de desaparición”.

Sobre el decálogo de acciones en seguridad que Peña Nieto presentó el 27 de noviembre, los promotores de los derechos de las personas cuestionaron que no haya habido un anuncio en el sentido de un plan nacional de búsqueda en vida de las víctimas de desaparición, ni sobre medidas para para fortalecer las labores periciales, que son “cruciales para la investigación del paradero de las personas desaparecidas”.

No se anunció, dijeron las organizaciones, “ninguna iniciativa para robustecer las instancias ministeriales responsables de la investigación. Por ejemplo, en el tránsito de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía General, ya en proceso, no se prevé la creación de una instancia especializada para investigar las graves violaciones a los derechos humanos”.

También cuestionaron que el gobierno federal no haya pedido la intervención del Senado para reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas, “para conocer de casos individuales de acuerdo a lo establecido en la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”.

Cuestionaron que no haya habido un anuncio en el sentido de un plan nacional de búsqueda en vida de las víctimas de desaparición.

También pidieron participación de las familias de las víctimas en el debate sobre la Ley General sobre Desaparición Forzada y la inclusión de la problemática de las desapariciones en los foros que organizará el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“Sin la inclusión de estas medidas recomendadas por mecanismos como el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, es imposible afrontar la crisis de derechos humanos que se cierne sobre México. Sólo a través de estas acciones integrales se estaría haciendo efectivo los derechos a la justicia y a la verdad que las víctimas y la sociedad detentan”, señala el escrito que entre otras organizaciones firma el Centro Diocesano Fray Juan de Larios, de Saltillo.