Por afectación 5 ejidos recibirán pagos

La Durango-Mazatlán causó conflicto por 6 años y finalmente se llegó a un acuerdo entre las comunidades y el Gobierno Estatal, con el objetivo de terminar las disputas y manifestaciones.
Se realizaron reuniones con los comisariados ejidales, así como con funcionarios de la SCT, Gobierno del Estado y la SEDATU.
Se realizaron reuniones con los comisariados ejidales, así como con funcionarios de la SCT, Gobierno del Estado y la SEDATU. (Silvia Ayala)

Durango, Durango

Después de casi 6 años de conflictos por la construcción de la supercarretera Durango-Mazatlán, se logró un acuerdo para el pago a 5 ejidos que fueron afectados por el trazo de este proyecto en los Estados de Durango y Sinaloa.

De acuerdo con información del delegado de la Procuraduría Agraria (PA) en Durango, Pedro Silerio García, se mantuvo una coordinación con Gobierno del Estado para lograr un acuerdo conciliatorio, mediante la firma de un convenio de finiquito, con el fin de llegar a una solución definitiva en este conflicto.

"La PA siempre se mantendrá pendiente de la tutela de los derechos de los campesinos de México, para generar desarrollo".

Durante el proceso conciliatorio, se realizaron reuniones con los comisariados ejidales y representantes de los poblados afectados: ejidos Chavarría Nuevo y Chavarría Viejo, La Victoria, San Antonio y la comunidad de Chavarría Nuevo, así como con funcionarios de la SCT, Gobierno del Estado y la SEDATU.

Después de varias pláticas, se elaboró un proyecto de convenio de finiquito, en donde la Procuraduría Agraria dio la asesoría jurídica requerida, para que el instrumento cumpliera con lo establecido en la legislación agraria y dar así seguridad jurídica a las partes en la solución del problema.

Se apoyó en la elaboración de las convocatorias y participaron en las asambleas ejidales, que se realizaron para dar a conocer la propuesta del convenio de finiquito, en donde de manera democrática los ejidatarios acordaron y autorizaron a sus comisariados ejidales a la firma.

El convenio será ratificado y elevado a rango de sentencia ante el Tribunal Unitario Agrario, para dar mayor seguridad jurídica a los acuerdos.

Las puertas de la Delegación de la Procuraduría Agraria continuarán abiertas para apoyar y asesorar a los núcleos agrarios involucrados en lo que requieran al respecto.