Calculan daño al erario de GDL por 432 mdp

La actual Administración municipal ha detectado casos de robo calificado, desvío de recursos y fraude procesal en gobiernos de Aristóteles Sandoval y Ramiro Hernández.
El daño de mayor consideración, según las revisiones hechas, es en las aportaciones de los trabajadores al Ipejal que nunca llegaron años atrás.
El daño de mayor consideración, según las revisiones hechas, es en las aportaciones de los trabajadores al Ipejal que nunca llegaron años atrás. (Cortesía)

Guadalajara

Más de 25 denuncias penales interpuestas por el Ayuntamiento de Guadalajara, esperan resolución en la Fiscalía General del Estado, la corrupción el sello particular en cada una de éstas, que en conjunto le han representado un daño al erario por 432 millones de pesos y entre los casos de mayor gravedad, el desvío de las aportaciones de los trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

El catálogo de irregularidades que heredó la Administración de Ramiro Hernández al actual gobierno incluye toda una galería de corrupción con actos como el desvío de recursos, omisión de responsabilidades, aprovechamiento indebido de atribuciones, robo calificado, abuso de confianza, abuso de autoridad, peculado y fraude procesal, entre otros, casos en los que se encuentran envueltos once ex servidores públicos de primer nivel y más de 40 entre ex trabajadores de segundo y tercer rango, todos con denuncia penal en su contra.

Durante el proceso de entrega-recepción, cada una de las áreas en que se divide la Administración pública tapatía emitió un balance sobre las irregularidades detectadas, las cuales fueron canalizadas para su análisis a la Contraloría municipal, que a su vez inició un proceso de notificación a las autoridades salientes para que los involucrados pudieran subsanar las observaciones hechas por los entrantes.

En algunos casos la presencia de los ex funcionarios sirvió para aclarar anomalías, sin embargo, también hubo servidores públicos que tras salir del gobierno municipal parece que desaparecieron de la faz de la tierra y de acuerdo a información de la Contraloría tapatía, no fueron localizados ni por la policía, por lo que no se logró su comparecencia ante la dependencia municipal y se procedió a integrar los expedientes e interponer las denuncias correspondientes a través de la sindicatura.

"Tenemos casos como las basificaciones que se dieron de manera irregular al no cumplir con los requisitos legales", señaló la síndico Bárbara Casillas sobre la serie de casos en que se otorgaron plazas dentro del gobierno municipal de manera ilícita previo al cambio de Administración, y eso los llevó "a emprender acciones jurídicas ante el tribunal de escalafón y arbitraje para buscar la anulación de las basificaciones, además de las denuncias penales" interpuestas.

Entre las denuncias se encuentran también señalamientos directos por supuesto robo calificado ante un faltante de 203 bienes patrimoniales, así como peculado, que corresponde a sobre giros presupuestales.

"No es que no estuviese el dinero, lo que pasa es que gastaron más de lo que tenían presupuestado en esas partidas, eso está tipificado como un desvío", señaló Bárbara Casillas, y por ello las denuncias penales, mientras que existen otros casos en que han tenido que ir resolviendo sobre la marcha para evitar mayores afectaciones a las arcas municipales, en específico los juicios laborales.

En los también llamados laudos, al tomar la gestión municipal, el actual gobierno se encontró con más de dos mil expedientes e innumerables indicios de que los juicios se perdían con alevosía por la propia autoridad, debido a que los responsables de defender a Guadalajara no acudieron a las audiencias, y ese tipo de omisiones, combinadas con otras acciones, generaron el que se perdieran los juicios y se tuvieran que pagar millonarias cantidades a ex empleados.

Para intentar mitigar el daño el municipio trata de tomar caso por caso a través de un comité en el que participan las direcciones de Contraloría, Tesorería municipal, Administración y Sindicatura, junta que se encarga de generar negociaciones con las contrapartes para "pagar una cantidad menor y que se desistan de ese juicio", mencionó la síndico municipal.

Agregó que con esta actividad se ha logrado un ahorro de entre 50 y 70 por ciento sobre la cuota que se debería pagar al perder estos juicios.

El daño de mayor consideración se generó en el último año de la Administración del hoy gobernador Aristóteles Sandoval y corresponde a las aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado que el municipio retenía a sus empleados, pero no reportaba al Ipejal, lo que generó un adeudo por 239 mil 596 pesos.

"Las cuotas se retuvieron en su momento y no se entregaron al instituto de pensiones, ya después para pagar se vendieron los terrenos de Huentitán destinados al recinto ferial" y de esta forma el municipio perdió dicha propiedad.

El cierre de esa Administración le correspondió a Francisco Ayón López, que fue nombrado alcalde interino de Guadalajara tras la licencia de Sandoval Díaz para participar en los comicios de 2012, los cuales lo llevarían a ser el gobernador de Jalisco.

Posteriormente, en 2015, fue el gobierno de Aristóteles Sandoval el que compró los terrenos del recinto ferial a su sucesor en el palacio tapatío, Ramiro Hernández, que a su vez utilizó el dinero de la venta para pagar la deuda al Ipejal, cuyo consejo administrativo preside Ayón López.

El tema de las aportaciones a Pensiones es uno de los que la síndico considera que tiene mayor viabilidad para que se resuelva y se pueda fincar responsabilidad penal contra tres funcionarios de primer nivel, y en el mejor de los casos, que se pueda reparar el daño que se le hizo a Guadalajara.