Buscan sanción severa en transporte público

La iniciativa pretende imponer a los consecionarios un régimen disciplinario para controlar a sus empleados.
Rutas de transporte en la zona centro de Tampico.
Se busca hacer conciencia en los operadores del transporte público. (José Luis Tapia)

Tampico

Reformas a la Ley del Transporte para que sea causa de revocación de concesiones el sorprender a un conductor prestando el servicio público bajo los influjos del alcohol o las drogas, propuso el diputado local Alfonso de León Perales.

La iniciativa presentada al Congreso por el legislador de Movimiento Ciudadano, también contempla el retiro de la concesión cuando los operadores del transporte urbano en esa condición provoquen algún accidente, dejando de representar la falta sólo una infracción pecuniaria.

El proyecto va enfocado a obligar a los concesionarios del transporte a “imponer un régimen disciplinario eficiente para controlar a sus empleados”, evitando que sean un peligro en las calles.

En la propuesta que fue turnada a las comisiones de Estudios Legislativos y de Transporte, Alfonso de León señaló que los concesionarios de este servicio no implementan sistemas de control de su personal, pues no se ven afectados directamente por las acciones de sus trabajadores.

En su exposición de motivos expresó que el artículo 20 fracción I del Reglamento de Transporte, permite evadir la situación toxicológica en la que los trabajadores del volante se puedan encontrar y sólo están sujetos a sanciones pecuniarias y administrativas en caso de causar algún daño conforme a la Ley de Transporte del estado.

“Por lo anterior, el concesionario no atiende el problema de alcoholismo o drogadicción que pudieran padecer sus operadores, es decir, no tienen conciencia del peligro en el que ponen a las familias que a diario hacen uso de este servicio y a quienes por igual transitan en el estado”, dijo en tribuna el diputado.

Expuso que es difícil medir la contribución exacta de la intoxicación por drogas a los accidentes vehiculares, ya que, fuera del alcohol, no se realizan análisis de drogas en sangre de manera constante.Además, apuntó, muchos conductores que causan accidentes han ingerido tanto drogas como alcohol, por lo que es difícil determinar qué sustancia tuvo el mayor efecto.

“El hacer restricciones sobre el uso de alcohol y drogas, podría en un momento dado considerarse  una medida sumamente estricta que atenta contra los derechos de los trabajadores del servicio público, pero por el contrario, tiende a beneficiar y a proteger su integridad física, al igual que la de las personas a quienes presta el servicio”, explicó en tribuna.

Enfatizó que ningún tipo de prevención es una medida excesiva, pues es indudable que la participación en el tráfico vehicular representa una actividad considerada de alto riesgo, ya que no sólo puede causar daños materiales de muebles e inmuebles, sino también lesiones y hasta la muerte de terceros e incluso del propio conductor, al provocar un accidente o sufrirlo.

En la lectura de su iniciativa, agregó: “La corrupción y la comisión de delitos han crecido de manera considerable en nuestro servicio de transporte público, los operadores de taxis últimamente se han visto con mayor frecuencia involucrados en todo tipo de actividades ilícitas”.

Con este proyecto, insistió, se busca tomar acciones encaminadas a establecer mecanismos que obliguen a los concesionarios del transporte a mantener un control de sus empleados, a involucrarse en mantener vigiladas las acciones de éstos durante el servicio para evitar que ninguno de ellos sea un peligro para la sociedad.

“Es necesario asegurarnos que los operadores del sistema de transporte sean dignos de confianza”, puntualizó el diputado local durante la sesión ordinaria de ayer.