Avanza demanda colectiva de defraudados por empresas de tiempo compartido

Dos empresas vendieron membresías a más de 1500 personas, para ser utilizadas en dos hoteles que no fueron terminados.

Puerto Vallarta

Más de 65 personas consiguieron la certificación de acción colectiva para demandar a las empresas World Resort Marketing Enterprises y Resorts International Foundation por presunto fraude en la venta de membresías de tiempo compartido en Puerto Vallarta.

Carlos Román Hernández, de la firma Rincón Abogados, es el apoderado de la asociación civil Defensa Colectiva, la cual fue reconocida por el Juzgado 1° de Distrito en Materia Civil de Guadalajara en días pasados.

Explicó que las empresas demandadas operan ofreciendo la venta de membresías de tiempo compartido en un desarrollo denominado “Belaire”, que posteriormente cambió a “Hotel U”.

Indicó que la certificación de esta acción colectiva, número 320/2013, es un gran logro en beneficio de los consumidores afectados, que han sido víctimas de este tipo de engaños y que ahora cuenta con una herramienta en contra de estas empresas.

Apuntó que es la primera demanda colectiva en contra de empresas de tiempo compartido que engañan mediante prácticas ilegales y poco éticas a miles de turistas que visitan el destino y con lo cual afectan los esfuerzos de promoción turística emprendidos por organismos públicos y privados para atraer turismo al destino.

Explicó que las acciones colectivas son procesos legales donde un grupo de por lo menos 30 personas pueden unirse para prevenir, reparar o buscar mediante un juicio una indemnización a todos sus integrantes, de acuerdo al grado y forma de la afectación por prácticas abusivas, engañosas o fraudulentas, como es el caso.

Detalló que esas empresas vendieron membresías a más de 1500 personas, la gran mayoría extranjeros, para ser utilizadas en los hoteles Belaire y Hotel U, los cuales no fueron terminados.

Esto ocurrió durante más de siete años, sin que autoridad alguna, sea federal, estatal o municipal hiciera algo para detener este fraude, indicó el abogado.

Añadió que fue hasta que las acciones colectivas entraron en vigor, en marzo de 2012, que los consumidores pudieron contar con una herramienta más eficiente, ante la burocrática respuesta de organismos de defensa al consumidor como la Profeco, “que nunca hizo nada y permitió este fraude al registrarles tres contratos a las empresas demandas”.

Refirió que esta forma de defensa de los consumidores les permite a quienes hayan sido afectados adherirse a la demanda, desde la certificación hasta 18 meses después de la sentencia definitiva.

Resaltó que las acciones colectivas buscan inhibir prácticas abusivas en contra de los consumidores para evitar daños a su economía, pero también a la imagen de un lugar y contra aquellos que engañan a la gente. “Los consumidores ahora no están solos”.

 

EL CAMINO

 

Carlos Román explicó que las leyes mexicanas prevén una serie de requisitos para que este tipo de acciones colectivas puedan prosperar, entre otras, que se trate de relaciones de consumo, de bienes y servicios públicos y privados o de medio ambiente. En este caso el tiempo compartido es una relación de consumo.

La empresa en mención inició en 2006 la venta de tiempo compartido con agresivos mecanismos, pero sólo se hicieron cimientos y estructura metálica.

Agregó que vendieron contratos a un promedio de 40 mil dólares cada uno.

Resaltó que cuando las acciones colectivas inician, a diferencia de los juicios comunes, el juez antes de atender la demanda da vista al demandado para que emita una opinión, al igual que a las autoridades involucradas, como en este caso la Profeco. El juez al tener toda la información que aportan las partes emite una certificación, que es la fase procesal en que este caso actualmente se encuentra.

“El juez ya valoró los hechos, las pruebas, el derecho, y de una forma está diciendo que hay elementos suficientes para iniciar la acción colectiva como tal. Es decir, la acción colectiva implica que hay materia para llegar a una sentencia en caso de que no se llegue antes a un acuerdo, como lo prevé la ley”.

El abogado subrayó que es importante que quede de manifiesto que las autoridades, caso de la Profeco, no deben registrar contratos en donde no se ofrezcan plenamente las garantías de que se le cumplirá al consumidor. En este caso la Profeco registró tres contratos a la empresa, dos bajo la primera denominación social y otro con la segunda.