Auditoría Superior inicia 6 procesos contra alcaldes

El ex edil de San Salvador El Seco, Alfredo Pérez Rojas, no pudo comprobar el destino de 111 millones de pesos de su última cuenta
Zaldívar en Comisión.
Zaldívar en Comisión. (Gabriela Martínez)

Puebla

La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado (ASE) inició seis procedimientos administrativos en contra de presidentes municipales debido a que no pudieron comprobar recursos por un monto de 129 millones de pesos en conjunto.
El ex edil de San Salvador El Seco, Alfredo Pérez Rojas, no pudo comprobar el destino de 111 millones de pesos de su última cuenta pública, por lo que los diputados de la Comisión Inspectora aprobaron iniciar un procedimiento en contra del ex presidente municipal.
Los ex alcaldes de San Salvador Huixcolotla, Alejandro Alonso Serapio; Santa Inés Ahuatempan, Ramón Sabino Rojas; Tenampulco, Menos Díaz Mora; y de Tlacuilotepec, Raymundo Flores Islas, también tuvieron observaciones a su cuenta pública del último periodo de su gestión que abarcó del 1 enero al 14 de febrero de 2011.
El presidente municipal de Teotlalco, Gabriel Madariaga Campos, no pudo solventar las irregularidades detectadas en su primer año de gestión, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011, por lo que inició un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades.
En caso de que los ediles no comprueben las irregularidades, la Comisión Inspectora de la ASE fincaría responsabilidades y una sanción administrativa, la cual iría desde la inhabilitación hasta pena corporal.
El presidente de la Comisión Inspectora, Jesús Zaldívar, aseguró que cumplirán con la meta establecida para revisar las cuentas públicas de todos los sujetos y negó que exista algún retraso.
En la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado se aprobaron 31 cuentas públicas, principalmente, de los últimos 45 días de los ex presidentes municipales, correspondientes a 2001, entre ellas, la de Tehuacán, de Félix Alejo Domínguez.

Detectan 60 violaciones a derechos humanos

El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del Estado, Jesús Zaldívar Benavides, dio a conocer que se tienen detectadas 67 presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por presidentes municipales, sin embargo indicó que las faltas son cometidas por la falta de capacitación de las autoridades.
Al Congreso del Estado han llegado denuncias de funcionarios municipales y ciudadanos en contra de los ediles, las cuales son canalizadas a la comisión legislativa para solicitar un informe a la autoridad correspondiente, explicó.
“Nosotros no somos una autoridad que pueda obligar o coaccionar a alguna otra para que haga o deje de hacer”, indicó Jesús Zaldívar, quien reconoció que existen quejas por parte de regidores que generan un problema de gobernabilidad dentro del ayuntamiento.
Según información publicada por Milenio Puebla, entre enero y julio de este año, el 66 por ciento de las recomendaciones, o en su caso conciliaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla han sido dirigidos a 27 presidentes municipales.
Las denuncias que han llegado a la Comisión de Asuntos Municipales versan sobre el mal uso de recursos materiales del ayuntamiento, pero en otras se derivan de “simples” apreciaciones personales en contra de la autoridad municipal.
Respecto al actuar de los ediles, quienes omiten atender las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, el legislador de Acción Nacional precisó que el Poder Legislativo no cuenta con la facultad para reprender a los ediles, sino exhortar a que las acaten.
“Sin embargo, si estas conductas generan un tipo de responsabilidad administrativa se da parte a la Auditoría Superior del Estado para que se investigue”, puntualizó.
Añadió que las 67 presuntas violaciones a las garantías individuales de las que tiene conocimiento la comisión legislativa continúan abiertas, puesto que los legisladores han intervenido para conciliar en cada una de las partes.
Los municipios que más denuncias registran tienen alrededor de 20 mil habitantes y sus autoridades no cuentan con la suficiente capacitación y preparación en torno al conocimiento de la ley, añadió.