Los 50 millones de pesos que estaban etiquetados para el pago de la hipoteca de un terreno que adquirió Iprovipe en el municipio de Zacoalco de Torres, fueron usados para liquidar pasivos que tenía el organismo descentralizado con proveedores, informaron fuentes cercanas a las investigaciones.
El Código Penal de Jalisco, no tipifica como delito grave el desvío de recursos públicos, por lo que podría salir bajo fianza Roberto Valle Pinzón, ex tesorero de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (Iprovipe), quien fue detenido acusado de desviar los 50 mdp.
El artículo 152 del Código Penal del estado establece que al que cometa el delito de desvío de recursos podría alcanzar una pena máxima de nueve años en prisión, sólo si el monto al que ascienden las operaciones es mayor a 500 días de salarios mínimos.
Ayer, cerca de las 10:00 horas, Valle Pinzón y su caso consignado al Juzgado Noveno de lo Penal cuyo titular cuenta con 72 horas para definir su situación legal, término jurídico que podría ampliarse hasta por 144 horas si la defensa del inculpado así lo solicita para presentar pruebas.
Rafael Castellanos, Fiscal Central, informó en entrevista para MILENIO JALISCO que aún falta por complementar una orden de aprehensión en contra del quien fuera director del Iprovipe, Jorge Sánchez Martínez.
“Las órdenes de aprehensión fueron obsequiadas el día de antier, hasta el momento no hemos llegado a las conclusiones de que Sánchez Martínez se encuentre fuera de la ciudad o fuera del país pero haremos lo necesario para que se logre la detención de éste y todos lo que estén prófugos”, comentó el funcionario.
Agregó que de momento por este caso no se investiga al ex gobernador Emilio González, ni al coordinador de Innovación Gubernamental, Herbert Taylor Arthur.
“Nosotros tenemos que trabajar con hechos y de los hechos y las investigaciones no existe una línea de investigación en ese sentido, yo lo tengo que decir así, yo no descarto a nadie”, agregó.
Esta es la primera detención en la actual Administración tras señalamientos de irregularidades.
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