Aptos para juicios orales, cuatro de 3 mil abogados

Eustacio Reyes, representante de una de las agrupaciones de litigantes en la zona, señala que urgen recursos de la federación para empezar a construir los tribunales orales.
Con el nuevo sistema de justicia penal se pretende desaparecer de un plumazo el rezago de expedientes. En la gráfica, el juez Ricardo Salinas
Con el nuevo sistema de justicia penal se pretende desaparecer de un plumazo el rezago de expedientes. En la gráfica, el juez Ricardo Salinas (Yazmín Sánchez)

Tampico

De un estimado de tres mil abogados en la zona, solo cuatro se estarían especializando para enfrentar el nuevo sistema de justicia penal. Y aunque faltan dos años para que venza el plazo de instrumentación de los juicios orales, se advierte que este tiempo será insuficiente para que los litigantes se capaciten debidamente. 

El presidente de la Barra de Abogados en Tampico, Eustacio Reyes Hernández informó lo anterior y dijo que al no haber infraestructura material y humana se está rezagando el proceso, por lo que es necesario que el gobierno federal brinde los recursos necesarios para poder acelerar acciones, de lo contrario, no se llegará preparado a junio de 2016.

“Estamos a contrareloj. Con la aprobación de las leyes secundarias para la reforma al Sistema Penal Acusatorio se debe agilizar la creación de infraestructura material y humana. Ni siquiera se tienen los espacios y se necesita mayor capacitación para los funcionarios públicos, peritos, policías y abogados, el periodo puede prolongarse si no se actúa de inmediato”, apuntó.

Enfatizó que la justicia oral es una necesidad económica, social y de derecho internacional del país, por lo que considera que el gobierno debe apoyar urgentemente la preparación de los abogados, sin que ello signifique dejarle toda la carga. 

“A nosotros como litigantes no nos llegan muchas capacitaciones, yo hago una maestría en juicios orales por la Universidad de Puebla, de un aproximado de 3 mil abogados, solo somos cuatro los que tomamos posgrado y somos los únicos en la zona, muchos no podrán invertirle y se quedarán atrasados”, comentó.

Afirmó que no bastan cursos y diplomados de unos  cuantos días, porque no se trata únicamente de conocimiento teórico, la verdadera capacitación requiere más de mil 500 horas y una certificación, por lo que demanda que el ejecutivo federal  facilite el proceso, incluso mediante convenios con universidades de otros estados.

“Necesitamos capacitadores certificados, que no se mande a los mismos jueces a dar los cursos, no es suficiente. Requerimos que nos ayuden a llevar con éxito estas reformas para lograr una verdadera impartición del nuevo sistema de justicia”, insistió.

Manifestó que hay un factor que no se toma muy en cuenta y es el que el abogado deberá tener mucha facilidad de palabra y dominio del público.

“Tiene que ser buen orador, no ponerse nervioso, aquí la gente tímida no la va a hacer, se requiere mucha seguridad porque también se va a calificar la actuación del abogado, si no lleva conocimiento y desenvolvimiento se le revocará en ese momento su cargo y se mandará traer el defensor de oficio”.  

Reyes Hernández, expresó que con la figura de los juicios orales lo que se busca es desaparecer, en el mediano plazo, los centenares de expedientes que durante meses o años permanecen rezagados en los escritorios de los juzgados como actualmente acontece “y es el pan de todos los días”.

Indicó que estos juicios se caracterizan por la rapidez y transparencia en la resolución de casos, por lo que es necesario que haya abogados aptos, pero a la vez se deben apurar también los exámenes de confianza de los jueces a fin de que cumplan estas nuevas condiciones.“Ahí se va a ver a los verdaderos abogados y a los verdaderos jueces.

Los primeros tendrán que ser muy hábiles al exponer sus alegatos, el ministerio público también deberá ir bien preparado y los jueces tendrán que saber valorar lo que aporten las partes en el momento, ya que dará la sentencia inmediatamente, todo será muy rápido”.

Explicó que antes de llegar a un juicio oral, se habrán de agotar medidas alternativas de solución de conflictos, como son las mediaciones. La sanción privativa de libertad será la última opción, lo que permitirá a su vez disminuir la población penitenciaria.

“Al indiciado se le darán alternativas para que purgue su sentencia, puede ser en su domicilio, puede ser con un convenio entre las partes para aportar mensualmente su sanción si es patrimonial, trabajos a la sociedad, prohibición para salir de su circunscripción, dejar una garantía al juez como el ser una persona conocida, etcétera”.

Dijo también que hasta ahora no se observa que se estén construyendo los espacios donde se llevarán a cabo los juicios orales,  y si no se apresuran las acciones, el tiempo se vendrá encima sin tener las instalaciones adecuadas.

Tamaulipas ya cuenta con el Código Único de Procedimientos Penales, siendo éste solo una etapa en el proceso de construcción de la reforma penal, por lo que es necesario crear los nuevos tribunales orales, seleccionar y capacitar al personal que trabajará en ellos y dar a conocer a toda la población los avances de la construcción de esta reforma penal.