Analiza BC controversia constitucional en su contra por leyes educativas

Fue presentada por el gobierno federal junto con un recurso contra Zacatecas, y se agrega a las que presentó el 15 de abril contra Michoacán, Chiapas, Sonora y Oaxaca

Tijuana

El Poder Legislativo de Baja California analiza los términos en que responderá a la controversia constitucional que interpuso el gobierno federal por la aprobación de la Ley del Servicio Profesional Docente de la entidad, que, de acuerdo con los argumentos, invadió las facultades del Congreso Federal.

Aunque hasta cerca del mediodía del viernes no se había notificado de la demanda que se presentó el jueves, en Baja California se repasan los términos en que se aprobó la legislación, dijo el diputado panista Cuauhtémoc Cardona Benavides, presidente de la Comisión de Reforma del estado.

"La controversia viene sobre algunas cosas que pusimos de más, o no entendimos correctamente, en lo que es la Ley del Servicio Profesional docente. Según nosotros, atendimos plenamente lo que viene en la federal, a nivel de ley; si nosotros vemos que es algo verdaderamente que a nosotros se nos haya pasado o se haya omitido y que es grave, pues vamos a tener que atender el conflicto de la controversia", dijo.

Señaló que el Departamento Jurídico del Congreso estatal analiza el tema para emitir una opinión formal y tomar medidas, y por lo pronto están en la postura de defender sus argumentos, enviarlos a la Corte, junto con el proyecto de ley que se aprobó en la entidad.

La controversia constitucional también menciona al Poder Ejecutivo de Baja California, encabezado por el panista Francisco Vega de Lamadrid. Un vocero de esta instancia informó que están en espera de que se les notifique para emitir una opinión.

Cardona Benavides informó que en la ley aprobada por el Congreso de Baja California participaron el sindicato magisterial y el Comité de Participación Social, y con su respaldo se incluyó un diferendo respecto a la propuesta federal relacionado con el cobro de cuotas escolares.

La reforma federal proponía reglamentar las cuotas voluntarias, pero desde el sexenio pasado en Baja California se eliminaron las cuotas escolares y se garantizaría la educación gratuita. De ahí salió el programa de mantenimiento a escuelas denominado Beca Progreso.

"Nosotros veíamos que si atendíamos ese mandato constitucional federal para establecer en nuestra Constitución reglamentar cuotas voluntarias escolares, lo único que se iba a generar es confusión, y de alguna manera iba a haber alguna contradicción estatal porque por un lado decíamos que iba a haber una beca Progreso para garantizar que no se pidan cuotas a las personas para inscribir a sus hijos y por otro lado, que van a existir cuotas que se van a reglamentar", comentó.

La controversia constitucional contra Baja California fue presentada por el gobierno federal junto con un recurso contra Zacatecas, y se agrega a las que presentó el 15 de abril contra Michoacán, Chiapas, Sonora y Oaxaca, este último por omisión de legislar en materia educativa acorde a la constitución y las otras por aprobar leyes que no armonizan con la reforma educativa.