Amparos de propietarios contra el OPD del bosque La Primavera

Ejidatarios y parvifundistas se quejan de la imposición del organismo público descentralizados que a su juicio vulnera sus derechos.
La presunta ilegalidad del organismo es lo que será la materia de fondo de los juicios promovidos
La presunta ilegalidad del organismo es lo que será la materia de fondo de los juicios promovidos (Milenio Digital)

Guadalajara

El nacimiento del organismo público descentralizado Bosque La Primavera, a partir de la publicación de su ley en el periódico oficial El Estado de Jalisco, el 12 de octubre de 2012, ha sido accidentado: sus opositores tienen formalizados cinco juicios de amparo ante la justicia federal en su contra, pero prometen decenas más.

“No iremos contra el decreto de 1980, eso está perfectamente aclarado, no nos interesa dejar de proteger el bosque y no queremos mandar un mensaje equivocado a la sociedad, pero sí lucharemos porque el OPD, que pensamos es ilegal, que es fruto de una ausencia de consulta y de consenso, y de las mentiras del gobierno, sea echado abajo”, señalan los representantes de los propietarios privados y ejidales, respectivamente, Juan Diego Covarrubias y Francisco Olmos.

Como no se trata de un planteamiento meramente negativo, sino que incluye propuesta, alrededor de 250 pequeños propietarios, y once ejidos, constituirán en unas semanas más un consejo regulador por medio del cual se pretende ejercer el reclamo de coadministración que han hecho al gobierno federal.

Los cinco juicios de amparo fueron presentados entre noviembre y diciembre del año pasado, y tienen como efecto inmediato otorgar la suspensión de plano, esto es, que no sean desposeídos de sus bienes muebles e inmuebles que tienen al interior del bosque (ver tabla anexa). El tema de la presunta ilegalidad del organismo será materia del “fondo” de los juicios. Según los entrevistados, habrá en las siguientes semanas decenas de amparos más: unos 60 por parte de la pequeña propiedad, y al menos ocho de la tenencia ejidal.

“Nosotros estando decididos a seguir por este espaldarazo que da el señor gobernador,  los diputados no hicieron caso de incluirnos en el mentado OPD, y aunque decidimos inicialmente irnos en contra del decreto de 1980 junto al OPD,  porque lo podemos hacer y estábamos seguros que los íbamos a tumbar; platicando varias veces con la doctora Raquel Gutiérrez Nájera y con el señor Juan Diego Covarrubias, nos decían que no era prudente ni conveniente, no por el gobierno ni por nosotros, sino por darle la calidad de vida a los ciudadanos y seguir conservando el bosque, y estamos de acuerdo, entonces nuestro problema no es el bosque protegido, sino el organismo que de forma abusiva pretende mandar sobre nuestros bienes y nuestros derechos”, pone en relieve Francisco Olmos, presidente saliente de la Unión de Ejidos de La Primavera.

A su juicio, la campaña de promoción del OPD redundó en mentiras porque siempre se les prometió un espacio de participación que hoy les parece insuficiente: dos asientos, compartidos con los pequeños propietarios, que no pesan frente a otros 19 consejeros de origen gubernamental y académico. Dice que no es lo mismo tomar decisiones desde un escritorio si estas no afectan directamente el patrimonio del tomador de decisiones, “como pasa con los burócratas”, a que esté en juego el patrimonio propio involucrado, como sucede con los poseedores del bosque.

“Quienes los conservamos y lo cuidamos somos los que vivimos ahí, es un mito lo de la gestión del gobierno […] desgraciadamente muchas gentes y partidos políticos se suben al carro para hacer y deshacer en documentos; la gente del gobierno dice que no, pero para nosotros es una expropiación maquillada, dice que el OPD es la única instancia que va a poder bajar recursos económicos nacionales, internacionales, estatales y municipales, y eso estaba bien si nos daban 50 por ciento de la administración, pues se trata de recursos que son de nosotros, que son del bosque, que son de los dueños, pero no así, que van a obtener dineros y seguirán sin llegar para la mejora del bosque”, añadió el también ejidatario de Jocotán.

El dirigente cuestionó la decisión del ejido de San Agustín, en particular, del ejidatario Sergio Ontiveros Gómez, de quedarse con la representación ejidal ante la junta de gobierno de la OPD. “Como no quisimos ocupar la silla que era para nosotros, sin ninguna ventaja y nomás por cubrir un requisito, ponen a un individuo que no nos conoce, que no lo conocemos, y que tiene pocas tierras en el bosque; pero como es conveniente que les cubran esa silla, hacen una aberración”.

- ¿El reclamo de ustedes es que quieren participar en la gestión del bosque La Primavera como dueños y actores Sí, es correcto, no pedimos ni oro, ni estrellas, ni maravillas, solamente que sean incluyentes y estar participando en la administración de nuestras tierras; no les decimos a los del gobierno que se vayan, no, se trata de hacer el trabajo en conjunto,  ponernos de acuerdo, y no como esta vez que hicieron esto, en que arrasaron, no entendieron razones y nos quisieron imponer esto.

Juan Diego Covarrubias dice que costó trabajo convencer a los campesinos de no objetar el decreto del presidente José López Portillo, del 6 de marzo de 1980, como lo hizo en el pasado, de forma exitosa, el ejido Santa Ana Tepetitlán (Público-Milenio, 7 de julio de 2008).

“Costó convencerlos que no se fueran, como es su derecho, en contra del decreto; el decreto de 1980 en su artículo segundo estipula que por ser un área natural protegida de propiedad privada y social, cualquier actividad que se realice deberá ser autorizada por los ejidatarios y por los propietarios; este decreto no fue homologado con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; no lo tocaron, de tal manera que entendimos que como está es nuestro principal apoyo; también entendieron que no queremos que pase como con el ejido de Santa Ana, ¿ellos por qué lo hicieron?, porque pudieron, pero imagínese usted que miles de ejidatarios se salgan del decreto, qué va quedar del bosque, y no, eso es lo que quisiera el gobierno para decir, son los malos los ejidatarios y los propietarios, y les estamos demostrando lo contrario, somos los principales interesados en que se mantenga el bosque”, subraya el parvifundista.

A su entender, una de las primeras tareas en la gestión del bosque será definir el polígono para realmente blindarlo contra invasiones y contra tentativas de echar abajo el decreto. Es fundamental que, junto con la ciencia y el trabajo de conservación, se construyan alternativas viables para que los dueños sean los aliados en todo el proceso.

“Los estudios los hicimos hace muchos años, no cierra, es un polígono que no existe, y no lo quieren enderezar; yo personalmente hablé con la secretaria de Medio Ambiente, Magdalena Ruiz, y le dije, Magda, vamos alineando primero para que esto se resuelva, es la primera vez que los propietarios estamos de acuerdo en firmar un polígono, y eso dará seguridad al esfuerzo del área protegida”, añade.

- ¿Ustedes no quieren fraccionar el bosque?

Queremos acabar con ese paradigma de que ejidatarios y propietarios somos los peores enemigos del bosque […] queremos hacer un bosque certificado, para que realmente cada día pueda tener más beneficios, en cuanto al pago por servicios ambientales, proyectos sustentables, sostenibles, un plan de manejo real, zonificación real, queremos dejar definido ese polígono, para fortalecerlo.



Cuatro mayos para la OPD


2005, mayo

Tras el incendio más devastador del que se tenga registro en la historia de protección de La Primavera, el consultor Rafael González Franco y su equipo, en un estudio contratado por la dirección de sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural, propone un replanteamiento jurídico de la gestión y administración del gobierno del estado en el bosque: construir un organismo público descentralizado que le dé solidez jurídica a los actos de autoridad y que otorgue seguridad laboral a los combatientes de incendios, que ni siquiera tienen seguro social


2008, mayo

José Luis Gámez Valdivia, ex titular de sustentabilidad de la Seder, asume la dirección ejecutiva del bosque. Crea el cuerpo de guardabosques, la dirección de conocimiento de flora y fauna, pero se topa con la realidad: no hay manera de hacer actos de autoridad contra invasores y depredadores del bosque


2012, mayo

Tras el nuevo megaincendio, y tras siete años de abandono, se retoma la idea del OPD; mientras el gobierno de Emilio González Márquez se limita a hacer promesas, llegan recursos para reconstituir la zona afectada, se escandaliza a la opinión pública con la precariedad del sistema laboral de quienes cuidan el bosque y su falta crónica de recursos económicos para hacer frente a sus tareas


2013, mayo

Ya en el gobierno de Aristóteles Sandoval, se retoma el asunto del OPD y se hacen consultas entre diversos actores. Los ejidatarios y pequeños propietarios manifiestan inconformidad por lo que consideran fue información escasa y una visión autoritaria de la nueva autoridad del bosque, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que sólo les dio dos asientos de 21 en la junta de gobierno. El 5 de junio se presenta propuesta al Congreso del estado para hacer una ley del OPD (se pudo pasar como decreto del ejecutivo), y se autoriza en octubre. La guerra legal se desata por medio de amparos.