Amenazan transparencia

El gobernador, a través de la fracción del PRI, pidió que se modifique el dictamen que contiene la Ley de Transparencia, para que no se publiquen los informes finales de la Auditoría Superior.
La posibilidad de que la información sobre las cuentas públicas sea transparentada, podría ser acotada al aprobarse la reforma a la ley de la materia, a petición del Poder Ejecutivo.
La posibilidad de que la información sobre las cuentas públicas sea transparentada, podría ser acotada al aprobarse la reforma a la ley de la materia, a petición del Poder Ejecutivo. (Carlos Zepeda)

Guadalajara

La posibilidad de que la información sobre las cuentas públicas sea transparentada, podría ser acotada al aprobarse la reforma a la ley de la materia, a petición del Poder Ejecutivo. En un documento enviado por el gobierno del estado al Congreso local, se hacen algunos señalamientos y aportaciones al dictamen de reforma a la Ley de Transparencia, el cual está previsto para discutirse hoy en sesión de Pleno.
El dictamen que fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales y al cual ya se dio primera lectura en el Pleno, podría ser modificado con propuestas que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz hizo llegar, a través de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Uno de los puntos que destacaban en la reforma, es la obligatoriedad de transparentar el proceso de cuentas públicas, desde el informe que emite la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), además que este órgano se convertía expresamente en “sujeto obligado”. Los diputados habían previsto que se considerara información fundamental “las versiones públicas de los dictámenes finales de la cuenta pública y los estados financieros, una vez que sean entregados a la Comisión de Vigilancia” por el auditor superior.
En el documento emitido por el Ejecutivo, del cual este diario tiene una copia, se cambia la redacción, para establecer que los informes finales deberán transparentarse, pero hasta que la cuenta sea dictaminada por el Congreso del Estado. Esto implicaría que no se conozca la información hasta que la cuenta haya pasado por la Auditoría Superior, la Comisión de Vigilancia y el Pleno Congreso.
Actualmente las cuentas públicas no se publican, porque la ASEJ asegura que es responsabilidad del Congreso del Estado. Los diputados sólo dan a conocer una parte de los dictámenes. Además, la única manera de conocer los cargos que finca la Auditoría Superior en los informes finales, es cuando el auditor los “filtra” a los medios de comunicación.
La propuesta priista también propone que se incluya como información fundamental el trabajo al que está obligado la Unidad de Vigilancia, sobre las auditorías de desempeño, aunque hasta la fecha estas no se han efectuado. Además, propone la publicación de los créditos fiscales que se fijen con motivo del rechazo de las cuentas públicas.
La propuesta del PRI también plantea agregar a la información fundamental las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos.
Además, piden que se incluyan las pólizas de los cheques expedidos, con identificación del número de cheque o transferencia, monto y nombre del beneficiario. En la anterior Administración estatal, el Poder Ejecutivo publicaba esta información; sin embargo, fue retirada de su página web al arrancar el gobierno de Aristóteles Sandoval.
En cuanto a la nómina, los priistas proponen agregar que en esta se incluyan las modificaciones que se hayan hecho a la misma en los últimos tres años, además que no sólo se informe de la plantilla de base, sino también del personal de confianza  y las vacantes.
Otro punto agregado es para que sea información fundamental las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos.
Finalmente, los priistas y el gobernador proponen que también sean sujetos obligados los candidatos independientes y las asociaciones civiles que los postulan, según los lineamientos de la legislación electoral. Esto, porque en el dictamen sólo se incluía a los partidos políticos y a las organizaciones políticas registradas ante el Instituto Electoral.