Alteños piden al Congreso impugnar convenio del Verde de 2005

Ese acuerdo de distribución de las aguas del río Verde fue firmado por el ex gobernador Ramírez Acuña sin llamar al Congreso, y está, al igual que el de 2007, “viciado de origen”; reclaman ...

Guadalajara

Los grupos ciudadanos de Los Altos de Jalisco piden que se eche abajo jurídicamente el convenio de distribución de aguas que en 2005 firmaron los gobiernos de Jalisco y Guanajuato para trasvasar el agua del río Verde a la ciudad de León, pues al igual que el invalidado convenio de 2007, fue hecho a espaldas del Congreso del Estado y amenaza la sustentabilidad económica y social de la demarcación que aporta un quinto de la riqueza del estado.

Por medio de un desplegado de prensa publicado en MILENIO JALISCO, alrededor de medio centenar de agrupaciones sociales, ecologistas, académicas y de derechos humanos manifiestan su preocupación ante la falta de eco en el reclamo de suspender el trasvase a León, pese al avance de la cortina de El Zapotillo.

Reclaman a la Universidad de Guadalajara que su alianza con ellos se dé de forma poco activa, y piden al Congreso que se interponga controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues el convenio es igual de endeble que el que impugnaron de 2007, que ha sido invalidado por la máxima autoridad judicial del país.

“Conforme avanzan los días se ha centrado la atención del despojo del agua de Jalisco solamente en la altura de la cortina de la presa El Zapotillo, que por disposición SCJN no debe rebasar los 80 metros de altura, y también se ha puesto el acento en lo grave que es la violación de los derechos de los pueblos a los que se pretenden inundar. Desde luego que esto es grave, pero se olvida, se posterga y hasta se oculta el problema central que es  infinitamente más impactante y verdaderamente trascendente: el pretendido trasvase del agua de Los Altos a León. Es incontrovertible que de esta perversa pretensión se ha derivado, para los comercializadores del agua, la necesidad de construir una megapresa, que daría como resultado un gran negocio particular, en este caso, de una empresa española que espera  jugosos ingresos  que rondan los 1,300 millones de dólares, todo esto a  expensas  de sacrificar y prácticamente exterminar a la principal región agro productora de alimentos del país”, destacan.

Existen “evidencias y muestras claras de que en la región de Los Altos de Jalisco –y en la cuenca del río Verde‐ no hay agua de sobra, que existe un gran déficit como lo publica la Comisión Nacional del Agua en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2013 y que  en  la región existen vedas de aguas superficiales y subterráneas (DOF: 22/08/1931, DOF: 10/09/1947 y DOF: 07/12/1987). También es cierto que existen unos “decretos de reserva de las aguas nacionales superficiales en la cuenca del río Verde, para usos doméstico y público urbano” ‐491'976,000 m³ de agua‐   (DOF:  07/04/1995 y DOF: 17/11/1997) y que dichos decretos son de aguas “no  comprometidas en uso alguno en su cuenca”, condicionada a que “El aprovechamiento de los volúmenes anuales que se reservan, se podrá realizar conforme se requiera, siempre y cuando exista disponibilidad y no se afecten derechos de terceros”.

Los estudios “que motivan dichos decretos datan de hace aproximadamente 30 años y las condiciones actuales han cambiado mucho desde entonces, ya que en Los Altos se produce la quinta parte de los alimentos que se consumen en el país […]. Al no existir agua de sobra en la región -porque no se puede afirmar que no hay agua, imponiendo vedas, y al mismo tiempo afirmar que sí la hay, decretando reservas de agua ‘que no está en uso’‐ el sector agropecuario será al que se le despoje del agua que utiliza para producir alimentos y generar empleos ocasionando, con esto, un grave problema social, de seguridad, alimentario, económico, de derechos humanos, ambiental”.

Además, “bajo las condiciones de cambio climático y de utilización de agua que presenta en la actualidad la región Alteña, escasamente ésta cubriría sus necesidades presentes y futuras; por lo que, sin despojar a los alteños de este recurso, nunca podrán almacenarse los volúmenes de agua que pretenden comercializar en la ciudad de León. Por el otro, el derecho al abasto de agua –uso público urbano‐ de los municipios –incluidos los de Los Altos‐ se encuentra tutelado en el artículo 115 Constitucional. Por sentido común, los municipios de Los Altos tienen soluciones cercanas y más baratas, no necesitan y no se les puede obligar a tomar agua de El Zapotillo que está aguas abajo, esto implica dejarla escurrir hasta la presa, pagar el bombeo de regreso y luego comprársela al concesionario, al precio y ganancia de privatización. Por esto Guanajuato pretende construir un acueducto de 100  pulgadas, que les permitiría llevarse rápidamente unos 9.3 metros cúbicos  por segundo, muy superiores a los 3.8 que tienen reservados; esto les  permitiría  –en un escenario de escasez‐ asegurar su porción destinada a León”.

Así, “a futuro y en el momento en que Guadalajara quisiera llevarse su parte del agua reservada ya no alcanzaría, y se estaría enfrentando a los  productores agropecuarios alteños que ya no permitirían ser despojados de más agua, desatando así un conflicto interno terrible. León no necesita el agua de Los Altos, como lo manifestó Enrique Torres, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) para la Revista Alternativas del mes de mayo de 2013, publicada por el Instituto Cultural de León, la quieren de reserva y para sus corredores industriales, también para atraer inversión a su estado. Esta pretensión se ve además reflejada en declaraciones como ‘aunque Jalisco no quiera, Zapotillo va’ y la de ‘Sí al Zapotillo, con o sin el consentimiento del Congreso de Jalisco y su gobernador Aristóteles Sandoval’, ambas publicadas en http://heraldodelbajio.com/aunque‐jalisco‐no‐quiera‐zapotillo‐va/”.

Los quejosos piden al Congreso del estado “que solicite a la SCJN la  nulidad del acuerdo de coordinación del 1 de septiembre de 2005, para llevar un programa especial sobre usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del río Verde”, ya que fue signado por el titular del Ejecutivo del Estado de Jalisco en condiciones similares –sin el aval del Congreso‐ al de 2007, declarado nulo por la SCJN el 7 de agosto de 2013”. También, “que de ninguna manera otorgue el aval al convenio anulado ya por la SCJN, ni a ningún otro que se firme en condiciones similares a éste y sin que se actualicen los estudios de disponibilidad de agua en la cuenca del río Verde; mismos que deben incluir criterios de sustentabilidad, de gestión integrada de los recursos hídricos y de posibles afectaciones por  cambio  climático. Además de que en ellos se deben considerar y respetar los volúmenes que actualmente utilizan los sectores pecuario y agrícola, así como los requeridos para su futuro desarrollo”.

A la UdeG le piden “que se sume de forma activa a los esfuerzos por la  defensa del agua de Los Altos de Jalisco, actualizando además los estudios hidrológicos de la cuenca del río Verde, mismos que deberán incluir el agua superficial y subterránea, ya que ambas se encuentran estrechamente ligadas entre sí, tanto físicamente como en su aprovechamiento; aplicando en ellos criterios de sustentabilidad, de gestión integrada de los recursos hídricos  y de posibles afectaciones por cambio climático –principio de precaución-,  realizando también un estudio urgente interdisciplinar que evalúe riesgos y afectaciones a la región del trasvase- sociales, económicos, medioambientales, de afectación por cambio climático; más allá de los  costos directos de la afectación por la construcción de la presa y el  acueducto –inundación de poblaciones, tierras de cultivo y los perjuicios en los predios que dividiría el acueducto‐ y para que de esta manera se pueda conocer el ‘costo beneficio’, si es que lo hubiera, de que a Los Altos de Jalisco los despojen del agua a la que como mexicanos tienen derecho, así como manifestar su postura oficial ante dicho despojo".

Para la elaboración de los estudios referidos piden “se incluya a técnicos del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable, A.C. –que es vocal ante el Consejo de Cuenca del Río Santiago y la Comisión de Cuencas Los Altos de Jalisco‐ quienes tendrán aval de organismos sociales y de productores agropecuarios alteños […] el objetivo  principal  evitar graves conflictos,  mismos que ya comienzan a manifestarse con las diferentes afectaciones a productores y dueños de terrenos, situación peligrosa que se desencadenaría de concretarse el trasvase tal y como se planteó hace treinta años. Es indispensable que se consideren las actuales condiciones de desarrollo, que se determine si existe o no agua de sobra en la cuenca y si resulta  conveniente destinar para un desastroso  proyecto  de trasvase más recursos  públicos que solo favorecen a un negocio particular, que esto es y no otra cosa la privatización del agua a través de la concesión a una empresa extranjera: Siendo el agua un recurso de seguridad nacional, y por supuesto vital, cabe repetir y resaltar que, como está planteado el proyecto, Chapala no se verá beneficiada en lo más mínimo, pues el agua que se trata actualmente en la ciudad de León (según declaraciones del director del SAPAL) la reutilizan en su estado. Bajo este escenario, todos los costos son para Los Altos y para Jalisco”.