Acusan a Fiscalía Regional de entorpecer denuncia contra alcalde vallartense

A Ramón Guerrero Martínez se le acusa de abuso de autoridad y otros delitos.

Puerto Vallarta

El abogado Salvador Cosío Gaona, quien encabeza la organización Conciencia Cívica, se entrevistó con el fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera, para presentar una queja en contra de la Fiscalía Regional por entorpecer la denuncia contra el alcalde vallartense, Ramón Guerrero Martínez, por abuso de autoridad y otros delitos.

Cosío Gaona presentó denuncias y la petición de juicio político en contra del presidente municipal de Puerto Vallarta, Ramón Guerrero Martínez, y otros funcionarios, a raíz de que el primero emitiera una orden para derribar una barda y destruir piso de concreto y asfalto en terrenos privados que corresponden a las empresas de autotransporte foráneo de pasajeros Vallarta Plus y Flecha Amarilla, la gasera Global Gas y un restaurante, el pasado 2 de septiembre.

“La Fiscalía Regional la encabeza un ex panista, Salvador González de los Santos, quien participó en la entrega-recepción del actual alcalde junto con Octavio Solís Gómez (de la empresa Goss Corporativo), y no han querido dar entrada a la denuncia, tampoco aceptar la ratificación. Se promovió un amparo que esperamos salga hoy (ayer) en contra de la Fiscalía Regional por este acto y entonces el tema se dilucidaría en Guadalajara”.

Agregó que también presentó queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de González de los Santos, “a quien acusamos públicamente de estar entorpeciendo la acción penal en contra del alcalde de Vallarta. Confío en que Luis Carlos Nájera elimine esta traba y si es necesario acudiré ante el gobernador”.

Recordó que en materia procesal se interpusieron amparos ante la autoridad federal, que fueron concedidos, por lo tanto una vez que se levantó la fe de hechos de los destrozos, se iniciaron los trabajos para cercar de nueva cuenta los predios.

Sin embargo, “la policía municipal levantó albañiles, amenazó y golpeó a algunos de ellos; ya se hizo conocimiento de la autoridad federal y se inició el procedimiento de desacato y la acción penal en contra de quien corresponda”.

Agregó que la denuncia penal en el ámbito federal fue ampliada y ratificada en razón de que tipifica un delito de obstrucción y uso público federal de transporte de pasajeros.

Cosío Gaona indicó que el añejo pleito entre particulares y el ejido Las Juntas vio fin desde el 15 de marzo de 2006, cuando el Tribunal Agrario dictó sentencia y determinó que el terreno en disputa es propiedad privada. Sin embargo, se ejecutó hasta 2012 y así fue catastrado, sin la existencia del “callejón de Mojoneras”. Por eso, dijo, no se entiende que ahora lo tome en sus manos el ayuntamiento local, que no tiene autoridad para hacerlo.