Abren investigación contra Yarrington por vínculos con el crimen organizado

Se le acusa de los delitos de fraude y por violación a las disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas, y ya han sido decomisadas propiedades del ex mandatario en los Estados Unidos.
Yarrington-Cano
Yarrington-Cano (Especial)

Tamaulipas

 Una averiguación judicial en los Estados Unidos fue abierta en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Tomas Yarrington Ruvalcaba, informó esta tarde el FBI.

Investigaciones de Seguridad Nacional en Estados Unidos, así como la Administración de Control de drogas en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos Investigación Criminal y el FBI, re abrieron el caso Yarrington, del que inclusive, ya hay decomisos de propiedades.

La denuncia fue puesta por los abogados Kenneth Magidson y Robert L. Pitman, de los distritos Sur y del oeste de Texas, con el apoyo de instancias investigadoras de aquél país.

Tras años de investigación por un jurado federal en la ciudad de Brownsville, Texas, la acusación formal acusa a Yarrington Ruvalcaba, de 56 años de diversos delitos ligados a actividades ilícitas propias del crimen organizado.

Cabe recordar que esta acusación había sido devuelta el pasado mes de mayo, en la que también se investiga a Fernando Alejandro Cano Martínez , de 57 años , propietario de una empresa de construcción en México, ambos por conspiración para violar las disposiciones del estatuto de Chantaje Civil, Influencia y Organización Corrupta ( RICO ).

Los dos hombres también están acusados ​​de conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude y conspiración para hacer declaraciones falsas a los bancos estadounidenses con garantía federal.

Yarrington, quien fue gobernador de 1999 a 2004, también está separado acusado de una conspiración para violar las disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas, dos cargos sustantivos de fraude bancario, y una conspiración para estructurar las transacciones de divisas en una institución financiera nacional, mientras que su socio, Fernando Cano tienen otras tres investigaciones por separado por presunto fraude bancario.

Según la acusación, a partir de aproximadamente 1998, Yarrington recibió grandes sobornos de los grandes narcotraficantes que operan en el estado mexicano de Tamaulipas, entre ellos el Cártel del Golfo, contrato con el cual les permitió operar a gran escala.

Dicho pacto permitía el traslado libre de grandes cantidades de droga a los Estados Unidos para su distribución.

De 2007 a 2009, el mandatario estatal presuntamente se involucró en el contrabando de grandes cantidades de cocaína a través del Puerto de Veracruz en los Estados Unidos.

Además, el documento explica que también tuvo control sobre los fondos públicos en la última parte de 2004, los cuales sería utilizados, según pruebas, en las adquisición de un Sabreliner 60 aviones en enero de 2005; del cual hay detectadas transferencias por 300 mil pesos a una cuenta bancaria en los Estados Unidos.

Otra parte de los fondos presuntamente robados, 5 millones de pesos mexicanos, fue trasladado a Cano en la primavera de 2005, según la acusación.

Las autoridades norteamericanas, han detectado además cuentas bancarias, residencias, aviones, vehículos y bienes raíces en sitios como Bexar, Cameron, Hidalgo, y los condados de Hays, adquiridas con préstamos de bancos de Texas.

La acusación detalla un total de más de siete millones en las transferencias a las cuentas de las entidades delanteros estadounidenses.

Se informó también que algunos activos identificados en la acusación ya han sido incautados por los Estados Unidos en acciones de decomiso civil sobre el curso de la investigación, que incluirá aproximadamente 46 acres en el Condado de Bexar, un condominio en South Padre Island, un avión Pilatus 2005, y las residencias en los condados de Hidalgo y Hays .

El comunicado pone teléfonos a disposición en el departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, los 956-542-5811, mientras que en México al 01-800-010-5237.

El lavado de dinero y cada RICO llevan penas de hasta 20 años de prisión, mientras que la conspiración para cometer fraude bancario lleva como posible castigo de hasta 30 años. Los cargos de conspiración de drogas llevan una pena de prisión de al menos 10 años. Los cargos de estructuración de divisas conllevan un posible mandato de cinco años de prisión.