Recibe CDH-Puebla 7 quejas de migrantes en lo que va del año

El organismo las calificó como no graves, ya que las quejas fueron porque los migrantes se sintieron víctimas de un trato cruel e inhumano

Puebla

Adolfo López Badillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH), dio a conocer que el organismo, en lo que va del año, ha recibido siete quejas de migrantes por violaciones a los derechos humanos.

Precisó que éstas no han sido consideradas graves, pero de acuerdo a los migrantes, se derivaron porque se sintieron víctimas de un trato cruel e inhumano, degradante, o que fueron víctimas de una detención arbitraria, o que fueron intimidados.

López Badillo precisó que cuando se reciben la queja de un migrante, en ocasiones es muy difícil concretarla porque desconocen la autoridad a la que señalan, ya que en México se cuentan con tres niveles de gobierno y diferentes autoridades con las cuales los migrantes podrían tener algún contacto o violación.

Las siete quejas antes mencionadas señalaron a la policía municipal de Puebla, a la policía municipal de Tehuacán, al juez calificador de Tehuacán, a un regidor de Gobernación de Tulcingo del Valle, a la policía municipal de San Pedro Cholula, y a la Casa del Adolescente del DIF estatal, quejas de las cuales sólo se derivó una recomendación, la cual fue cumplida y aceptada.

El titular de la CDH indicó que a la fecha también se han recabado cerca de 300 testimonios de migrantes. A principios de este año 2013, las personas comentaban que eran asaltadas por bandas criminales, pero en los últimos meses se ha registrado que esos asaltos han ido a la baja.

Comentó que una de las posibles razones por las que disminuyó el número de ese tipo de delitos en contra de los migrantes, es la orientación que brinda el organismo a su cargo a los indocumentados, así como la capacitación que imparte a los servidores públicos para que no se extralimiten en sus funciones.

En ese sentido, indicó la elaboración de una Cartilla de los Derechos y Deberes de los Migrantes. Dentro de los deberes que deben cumplir los migrantes se señalan solo 2, respetar a las instituciones públicas del Estado mexicano, y respetar el orden jurídico mexicano.

También la CDH-Puebla diseño un Directorio para la Atención de Migrantes, el cual se reparten día a día en la ruta que siguen los migrantes por su paso por Puebla, para que conozcan los teléfonos y direcciones de las instituciones públicas del estado de Puebla que puedan brindarles apoyo en caso de ser necesario.

Ese directorio también incluye los datos de las casas de atención a migrantes en las zonas Norte, Centro y Sur, así como información de los consulados mexicanos, de organizaciones de la sociedad civil, y de los Grupos Beta.

"México tiene una larga tradición migratoria como país de origen, de tránsito, y como destino de migrantes, pero no se tienen cifras oficiales que puedan explicar de manera concreta cuántas personas centroamericanas y sudamericanas atraviesan el país", citó.

El ombudsman en Puebla abundó que datos extraoficiales reportan que anualmente cerca de 150 mil personas centroamericanas y sudamericanas atraviesan la República Mexicana a través de dos rutas, una es por el estado de Tamaulipas y otras más por el estado de Puebla, para adentrarse a la zona centro de México y llegar a las fronteras de Baja California y de Sonora.

Con esas cifras, se estima que 50 por ciento de los transeúntes migrantes, 75 mil, transitan por Puebla en busca del sueño americano, empleando como principal vía de transporte el tren, mejor conocido como "La Bestia".

Los periodos cuando se registra el mayor número de migrantes por Puebla son en los meses de diciembre y enero, cuando el invierno en la Unión Americana es muy intenso, periodo que aprovechan para visitar a sus familias en México, y retornar a Estados Unidos en marzo y abril.

Finalmente, recordó que el pasado 30 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó el Protocolo de Actuación en casos que involucran a personas migrantes o de quienes requieran de protección internacional.

Dicho protocolo tiene como objetivo cumplir con la reforma que se hizo en el 2011 al artículo 30 Constitucional, en el que se obliga a garantizar y respetar los derechos humanos, independientemente de la nacionalidad de las personas.