Florence Cassez.
México • La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe a la Procuraduría General de la República (PGR) en el que pidió investigar si se cometieron delitos penales o administrativos durante el operativo que derivó en la detención de Florence Cassez, ocurrida el 8 de diciembre de 2005. En este caso fueron mencionados 21 ex funcionarios.
Abogados que conocen el caso aseguraron que el organismo nacional solo presentó un informe especial del caso, que se elaboró con base en la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, aseguraron, extraoficialmente lo hicieron ver como una “denuncia penal y administrativa”, pero en realidad se trata de un informe con algunas propuestas.
Además, precisaron que los delitos que la CNDH solicitó indagar al Ministerio Público federal (ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y contra la administración de la justicia) ya prescribieron.
Dijeron que en las tres instancias del proceso ningún juzgado tomó en cuenta los videos que se difundieron por televisión, en los que se recrea la captura de la ciudadana francesa y su pareja de entonces, Israel Vallarta Cisneros, líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco. Es decir, que los videos no formaron parte del juicio.
Los litigantes recordaron que los videos solo fueron tomados en cuenta por el ministro de la primera sala de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en su proyecto de sentencia para amparar a Cassez (2012), misma que fue retomada este año por Olga Sánchez Cordero.
Destacaron que nunca existió un “peritaje” de lo transmitido por televisión el 9 de diciembre de 2005, fecha en la que se presentó ante los medios a Cassez como una presunta secuestradora.
Los litigantes mencionaron que es un exceso incluir en el informe a Genaro García Luna, porque él no intervino en el operativo para detener a la francesa.
En esa lógica, agregaron, la CNDH también debió mencionar al entonces procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, pues en ese tiempo era jefe directo de García Luna, quien encabezaba la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Los abogados reiteraron que la acción penal prescribió, pues cuando se imputan varios cargos hay un “concurso de delitos”, y de acuerdo con el artículo 108 del Código Penal Federal, se penaliza el mayor.
En este caso, el delito de mayor responsabilidad es el que va contra la administración de la justicia, que se sanciona con penas que van de cuatro a 10 años de prisión, según las fracción X del artículo 225 del Código Penal.
Pero éste ya prescribió, según su media aritmética, que es de siete años, es decir, que 2005 a 2012 ha transcurrido ese periodo de tiempo.
La CNDH presentó el informe el pasado viernes por la noche en la Oficialía de Partes de la PGR para que se investigue si los 21 funcionarios señalados cometieorn delitos al momento de la captura de Cassez.
Claves
Involucrados
-El pasado 13 de marzo, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, anunció que interpondría una “denuncia penal y administrativa” contra los 21 involucrados.
-Se trata de 15 elementos de Operación de la AFI, dos agentes del Ministerio Público Federal y cuatro altos mandos, entre ellos el entonces titular de esa dependencia, Genaro García Luna, y el director de Investigación Policial, Luis Cárdenas Palomino.
-A los ex funcionarios también se les responsabiliza de la violación de derechos humanos protegidos por diversos artículos de la Constitución mexicana y convenios internacionales.