Río de Janeiro • La familia del expresidente brasileño João Goulart, derrocado por los militares en 1964, solicitó hoy la exhumación de su cadáver para que se pueda investigar si fue asesinado, informaron fuentes oficiales.
La petición fue presentada a la Comisión de la Verdad, que investiga violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura (1964-1985), en una audiencia pública en Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul.
La abogada Rosa Cardoso, una de las integrantes de la Comisión, consideró que la petición de los Goular "posee elementos concluyentes" que comprobarían que el expresidente fue "víctima de la Operación Cóndor", según un comunicado difundido por el organismo.
No obstante, la petición de exhumación de los restos de Goulart deberá de ser analizada de forma "detallada" antes de tomar una decisión, según opinó Cardoso.
Goulart, conocido como Jango y considerado un líder progresista simpatizante de las izquierdas de los años 1960 en plena Guerra Fría, murió en diciembre de 1976, en un hotel de la localidad argentina de Mercedes, donde se encontraba exiliado.
Su muerte fue atribuida oficialmente a un "ataque cardíaco", pero su familia siempre sostuvo que fue víctima de un asesinato.
Esa tesis fue ratificada hace cuatro años por un exmiembro del servicio secreto uruguayo, preso en Brasil por tráfico de armas, quien aseguró que Goulart fue envenenado por agentes de varios países que actuaban en el marco de la "Operación Cóndor".
Además de tratar el caso de Goulart, la Comisión de la Verdad anunció hoy que investigará la desaparición de 17 brasileños en Argentina, Bolivia y Chile en casos que se cree que pudieran estar relacionados con la acción de los regímenes dictatoriales de esos países en la década de 1970.
La Comisión, que divulgó el nombre de once desaparecidos en Argentina, uno en Bolivia y cinco en Chile, tiene previsto presentar su informe final a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, hasta el 16 de mayo de 2014.
Este organismo fue creado en mayo del año pasado con el objetivo de investigar los atropellos a los derechos humanos cometidos por la dictadura brasileña, pero no tiene poderes para llevar a juicio a los responsables.