La impugnación, de ser admitida a trámite, supondrá la suspensión temporal de la resolución, como destacó la vicepresidenta y portavoz del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.
Madrid • El gobierno español decidió hoy impugnar ante la Corte Constitucional una declaración de soberanía aprobada por el parlamento regional de Cataluña como primer paso hacia la organización de un referéndum de autodeterminación que crispa las relaciones entre Madrid y Barcelona.
Atizado por la grave crisis económica que sacude a España, el fervor independentista no deja de crecer en Cataluña, comunidad autónoma de 7.5 millones de habitantes en el noreste del país, que pasó de ser motor de la economía nacional a convertirse en su región más endeudada.
Primer paso hacia la organización de un plebiscito para decidir si desea permanecer unido al resto del país, el parlamento catalán había afirmado el 23 de enero que "el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano".
Sin embargo, para el gobierno conservador español de Mariano Rajoy esta declaración atenta contra "la garantía constitucional de la 'indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles'", afirmó hoy en un comunicado.
"El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se plantea la impugnación ante el Tribunal Constitucional de disposiciones (...) del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la 'Declaración de soberanía y del derecho a decidir'", informó así el ejecutivo tras su reunión semanal.
La impugnación, de ser admitida a trámite, supondrá la suspensión temporal de la resolución, como destacó la vicepresidenta y portavoz del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La vicepresidenta citó el artículo 161 de la Constitución, según el cual "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas", aunque deberá ratificar o levantar dicha suspensión en un plazo no superior a cinco meses.
Enfrentado al gobierno de Madrid tras la negativa de Rajoy a renegociar un sistema fiscal que considera como un lastre para su región en tiempos de crisis, el presidente catalán, el nacionalista conservador Artur Mas, se comprometió a convocar el referéndum soberanista "a lo largo de 2014".
Una autodeterminación hacia la que la región quiere avanzar a través del diálogo con "el Estado español, las instituciones europeas y la comunidad internacional", utilizando "todos los marcos legales existentes", afirmaba la declaración del parlamento catalán, aprobada por muy amplia mayoría.
"Si por una declaración democrática de un parlamento presentan recurso al Tribunal Constitucional quiere decir que no tienen ninguna voluntad de diálogo", afirmó hoy Mas considerando que la reacción del gobierno de Rajoy "está fuera de lugar".
El secretario general de la coalición gobernante en Cataluña, Convergencia y Unió (CiU, nacionalistas de centroderecha), Josep Antoni Duran Lleida, calificó, por su parte, la decisión del Gobierno como un "error gravísimo" y un "acto separador que alimenta el separatismo".
La declaración soberanista fue aprobada en el legislativo catalán el pasado 23 de enero con 85 votos a favor, procedentes de CiU -que encabeza el presidente regional, Artur Mas- y los independentistas de ERC, con los que tienen un pacto de Gobierno. En contra votaron 41 diputados, mayoritariamente los socialistas del PSC y los conservadores del Partido Popular catalán.
Los socialistas de Cataluña, aunque favorables al derecho de los catalanes a decidir si quieren seguir formando parte de España, se desmarcaron de la declaración soberanista por incluir que Cataluña es "sujeto político y jurídico soberano" y defienden una consulta legal y pactada.
La aprobación de la declaración soberanista fue consecuencia de la apuesta lanzada por el presidente Mas, quien en medio de una profunda crisis económica y un elevado déficit que obligó a su Gobierno a realizar sustanciales e impopulares recortes, convocó elecciones anticipadas en noviembre del pasado año.
En esos comicios, la formación CiU encabezada por Mas empeoró sus resultados y terminó formando gobierno con el apoyo de los independentistas de izquierda de ERC, que experimentaron un fuerte avance.
Pero además de crear tensión entre el ejecutivo regional y central -que ha advertido en repetidas ocasiones de la ilegalidad de una consulta de autodeterminación y de que una salida de Cataluña de España supondría también salir de la UE- la deriva soberanista de esta región española ya ha causado un cisma en el seno del principal partido de la oposición española, el PSOE.
Esta semana, el Congreso de los Diputados (cámara baja del Parlamento) rechazó sendas propuestas de resolución de los nacionalistas de CiU y de la Izquierda Plural que reclamaban el respeto al derecho a decidir y pedían diálogo para autorizar la convocatoria de consultas populares.
Al rechazo se sumó, además del gubernamental Partido Popular y otros pequeños partidos de centro y derecha, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pero de esta posición se desmarcaron, rompiendo la disciplina de voto, 13 de los representantes de la rama catalana de los socialistas, el PSC.
Sólo la que fuera ministra de Defensa con el anterior Gobierno socialista español, Carmen Chacón, decidió desvincularse de sus compañeros del Partido Socialista Catalán y no votar, alegando que sigue apostando por el entendimiento entre Cataluña y el resto de España.
Chacón compitió por el liderazgo del PSOE en unas elecciones primarias en febrero de 2012, en las que salió elegido como secretario general por solo 22 votos más el veterano dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, que había encabezado el cartel electoral en los comicios generales de noviembre de 2011 que ganó el PP de Mariano Rajoy.