Vivanco en la presentación del informe.
• Washington DC, 27 de febrero de 2013
Señor Director:
En días recientes se han publicado algunos artículos cuestionando el número de casos incluidos en nuestro informe titulado Los desaparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada. Nuestro informe se basa en el análisis riguroso de 249 casos de desapariciones que se produjeron durante el sexenio del presidente Felipe Calderón. Tal como el informe lo señala, estos casos no representan la totalidad de las desapariciones registradas en el país, sino solo una muestra de un fenómeno de gran envergadura. Todos los 249 casos se identifican en la última sección del informe, publicación que se puede consultar en internet en: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico0213spwebwcover_0.pdf.
En 149 de estos 249 casos encontramos “evidencias [que] sugieren que se trató de desapariciones forzadas, es decir, participaron en ellas actores estatales en forma directa, o bien indirectamente mediante su colaboración o aquiescencia” (página 1). Sin perjuicio que todos los casos están debidamente identificados en el informe, incluyendo fecha de la desaparición, ciudad y estado donde habría ocurrido la desaparición y fuerza de seguridad presuntamente involucrada en los hechos ilícitos (ver páginas 160-181), no todos los casos cuentan con el mismo grado de descripción en el informe. Lo anterior, no porque esos casos no existan, o por falta de evidencias suficientes para inducir la participación de agentes del Estado.
Al contrario, para llegar a esta determinación, tal como señalamos en el informe, no solo entrevistamos a las familias de las víctimas y autoridades, sino también “consultamos una gran variedad de documentos oficiales” (informes y registros de detención, expedientes judiciales, etc.), así como evidencias no oficiales (grabaciones captadas por cámaras de vigilancia, fotografías de detenciones, etcétera).
Las razones por las cuales algunos casos no cuentan con información adicional en este informe son las siguientes:
En primer lugar, varios de estos casos fueron incluidos en el análisis del informe del 2011, Ni seguridad, ni derechos y, en marzo de 2012, estos casos fueron sometidos con amplia documentación al conocimiento de una comisión creada por el gobierno anterior, a raíz de nuestro informe, y presidida por el Secretario de Gobernación de la época.
En segundo término, la decisión de no incluir mayores detalles en algunos casos se debió a que decidimos evitar reiteraciones, dado que las evidencias expuestas en los casos analizados en el informe eran más que suficientes para sustentar nuestras conclusiones. Sin embargo, podríamos haber aportado información adicional sobre estos casos, ya que en ellos las pruebas son igualmente sólidas. De hecho, entre estos casos se encuentran varias desapariciones en Apodaca, Nuevo León, cuyas evidencias han servido para consignar a seis policías, el 24 de diciembre del 2012.
Por último, tal como lo señalamos en el informe, “en varios casos, los nombres y otros datos identificatorios de las víctimas no se han divulgado para preservar su seguridad y la de sus familiares” (página 161). Este punto se reitera en el informe cuando se afirma que:
“En algunas de las entrevistas realizadas por Human Rights Watch, familiares de víctimas, amigos y testigos pidieron que no se divulgaran sus nombres ni los de las personas desaparecidas. A menudo, este pedido era motivado por el temor a la posibilidad de que hablar en público sobre el caso pudiera causar algún perjuicio a la persona desaparecida o incluso provocar nuevas desapariciones como represalia por denunciar los delitos cometidos por organizaciones delictivas o autoridades” (página 18).
Ante estas familias tenemos la máxima responsabilidad profesional y nos comprometimos a mantener la confidencialidad de sus casos y solo compartir esta información —previa autorización— con las autoridades pertinentes que garanticen una investigación seria, sin riesgos para los denunciantes. Precisamente, en las reuniones que sostuvimos la semana pasada con el doctor Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y el doctor Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, discutimos nuestros planes de entrega de las evidencias obtenidas en la totalidad de los 249 casos de desaparecidos, medida que pensamos implementar próximamente.
Finalmente, quisiera dejar constancia de la receptividad del actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto frente a este informe, y de la decisión de dar a conocer la base de datos que registra 26,121 personas desaparecidas, así como la creación de la Comisión especial federal para la búsqueda de personas desaparecidas. Sobre este particular, quisiéramos reiterar lo expresado a las autoridades del gobierno de México en el sentido de que si bien la búsqueda de los desaparecidos es absolutamente central, también lo es efectuar investigaciones judiciales exhaustivas para asegurar que se juzgue a los responsables de estas atrocidades.
*Director de la División Américas de Human Rights Watch