Atenas • A un día de una reunión donde el Parlamento griego votará nuevas medidas de austeridad en Grecia, un grupo de agremiados se concentró esta tarde frente al Parlamento para protestar contras esas disposiciones.
Algunos atacaron con piedras a policías de la zona, quienes lanzaron gas lacrimógeno a los manifestantes y detuvieron a algunos inconformes.
En España, decenas de miles de personas salieron el domingo a las calles para mostrar su rechazo a una reforma laboral impulsada por el Gobierno de centroderecha, que flexibiliza los despidos laborales en un país con la mayor tasa de desempleo de la zona euro.
Bajo el lema "No a la reforma laboral injusta con los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil para el empleo", marchas en 57 localidades estaban convocadas por los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).
Grecia
Las medidas que serán sometidas a votación son para recibir un crédito de contingencia de 130 mil millones de euros (170 mil millones de dólares) de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional a fin de evitar la bancarrota.
La legislación —que reducirá salarios y pensiones, y reformará el sector de la salud— fue aprobada en una maratónica sesión del gabinete que comenzó el sábado por la tarde y concluyó la madrugada del domingo. Empero, debe ser aprobada por el Parlamento para su entrada en vigencia.
El primer ministro Lucas Papademos sostuvo que las medidas serán permanentes.
Agregó que es necesario aprobarlas para el lunes a fin de convencer a los ministros de Hacienda europeos reunidos ese mismo día en Bruselas que Grecia está decidida a seguir con las reformas. Las medidas deben ser implementadas en las próximas tres semanas.
España
Los sindicatos consideran que el Ejecutivo, encabezado por el conservador Mariano Rajoy, está recortando sustancialmente los derechos de los trabajadores y consagra el libre despido.
"Queremos corregir en profundidad esta reforma laboral y ese es nuestro objetivo. Las manifestaciones de hoy son un cauce, un instrumento democrático para intentar conseguir ese objetivo", dijo el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, en declaraciones dadas a una radio local.
La reforma laboral, que se encuentra en tramitación parlamentaria, establece entre otras cosas que los empresarios pueden despedir a los trabajadores con 20 días de indemnización por año trabajado.
La reforma es vista como un esfuerzo más del Gobierno para convencer a los mercados de que puede reducir su déficit presupuestario y reforzar la competitividad, permitiéndoles crecer y crear más puestos de trabajo.
Sin embargo, los sindicatos opinan que estas medidas llevarán el desempleo a una cifra de 6 millones de personas desde los 5,3 millones que hay actualmente.
La vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el Gobierno respetaba el derecho de manifestación, pero añadió que "lo que nos corresponde es trabajar y hacer las reformas necesarias para que este país vuelva a crecer y crear empleo".
El movimiento de los "indignados", que el año pasado protagonizó masivas manifestaciones contra el sistema y la clase política, se sumó a la marcha en una "columna critica" diferenciada, la cual buscaba mostrar su disconformidad con la "cúpula sindical".