Guerrero • Líderes de 27 organizaciones campesinas exigieron justicia para los diez jornaleros agrícolas asesinados en un campo melonero de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente del estado.
La mañana del domingo 3 de marzo, un grupo de sicarios irrumpió en un campo melonero ubicado en las inmediaciones de los pueblos de San Pablo Oriente y El Remanso, ambos pertenecientes al municipio de Ajuchitlán del Progreso, y mataron a diez jornaleros agrícolas, nueve hombres y una mujer.
Seis de las víctimas eran originarias de la Montaña baja y región Centro, principalmente de los municipios de Ahuocotzingo y Chilapa de Álvarez, lo que generó malestar entre los dirigentes del Foro Permanente de Organizaciones Sociales y Campesinas (FPOSC), que aglutina a 27 organizaciones de productores del campo.
Gerardo León Hurtado, integrante de la Mesa Directiva del FPOSC, destacó que en noviembre de 2012 se registró el asesinato de Francisco Piedragil Ayala, quien fuera director del Consejo Estatal del Café (Cecafe) y desde entonces se ha pedido el esclarecimiento del crimen.
Aunque son varias las reuniones de trabajo que se han sostenido con la titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Martha Elva Garzón Bernal, hasta el momento no les han reportado avances importantes.
“Nosotros hemos pedido que este no sea un caso más que quede impune, por eso hemos llamado a realizar un homenaje póstumo a nuestro compañero el próximo 15 de marzo, por ahora se nos presenta este acontecimiento que nos deja completamente consternados”, indicó el dirigente.
Abundó: “El hecho que se reporta nos causa zozobra, porque es gente que se dedica solamente a regar y fumigar las parcelas, mil 650 hectáreas explotadas por una empresa canadiense que opera con prestanombres michoacanos y guerrerenses”.
Solicitó la puesta en marcha de un programa de vigilancia real y no simulado, porque en esa parte de Guerrero existe un vacío de poder muy claro: “Es una zona en la que impera la voluntad de los muchachos malos”.
Recordó que Guerrero no es solamente el puerto de Acapulco y particularmente la costera Miguel Alemán, sino que abarca 81 municipios y todos necesitamos vigilancia.
“Queremos justicia para todos, no solamente que se actúe con celeridad cuando los agredidos sean turistas extranjeros”, apuntó.
En la reunión participaron dirigentes como Sebastián de la Rosa Peláez, de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), la Asociación Civil Calmecatl, la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (LCASC) y la Asociación de Silvicultores Unidos del Estado (ASUE), entre otras organizaciones.