Los pobladores de Ayutla, Guerrero.
Ciudad de México • El Ombudsman nacional Raúl Plascencia le solicitó al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, información sobre el equipo entregado a la policía comunitaria de Ayutla y le demandó que de “no estar en posibilidades de brindar seguridad” ser “claro” para que sean las instituciones las que den una respuesta y se brinde seguridad a los ciudadanos.
En conferencia, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que no es justificable que las instituciones queden rebasadas, como en este caso de la policía comunitaria, es de “grave peligro generar zonas donde no haya gobernabilidad”, por eso se deben esas acciones, donde la policía es ministerio público y juez.
La CNDH informó que inició un queja de oficio, por eso se le solicito al gobernador informar “si había proveído de armas, balas, chalecos o de algún equipo a estos llamados grupos de autodefensa y bajo que parámetros y fundamentos se llevó a cabo esta tarea”.
Porque la Constitución, dijo es clara en el artículo 17 nadie se puede hacer justicia por su propia mano y en el artículo 16 que se entreguen a quien cometió un delito a las autoridades.
El actuar de estos grupos es parecido a los “paramilitares” es un signo de alarma para que el Estado cumpla con su función de brindar seguridad antes de que “se extiendan a otras zonas del país por la desesperación de la sociedad de no encontrar protección y seguridad”.