México • Profesores y organizaciones que se oponen a un proyecto eólico en Oaxaca se declararon en fase de alerta y urgieron la intervención de organizaciones de derechos humanos para detener la presunta represión e intimidación que sufren por parte de las fuerzas estatales de seguridad, luego del anuncio de los inversionistas de Mareña Renovable por retirar su inversión de la región de la zona del Istmo de Tehuantepec.
El diputado petista y ex consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa, le demandó al gobernador Gabino Cué hacer un viraje en su política y dé cauce a los reclamos de los pueblos indígenas.
Además exigió la remoción de algunos funcionarios de su gabinete que solo complican la atención de conflictos sociales.
Mientras tanto, el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, y el de Seguridad Pública, Marco Tulio López, se cuestionaron y se lanzaron culpas mutuas lue
go del intento de desalojo fallido del bloqueo que mantienen un grupo de organizaciones antieólicas que se oponen a la construcción de un parque industrial estimado en más de mil millones de dólares.
Una decena de organizaciones sociales y de derechos humanos exhibieron videos y fotografías de un presunto ataque por parte de elementos policiacos.
En una carta dirigida tanto al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como al titular de la Comisión Interamericana denunciaron que varios activistas han sido amenazados de muerte, por lo que emitieron un llamado para detener la ola de represión y persecución en la región.
Las organizaciones demandaron detener la represión policial y exigieron la renuncia del secretario de Seguridad Pública local, a quien señalan de presunto represor y “guardia blanca de una empresa extranjera”.
Sin embargo, el comisionado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, César Alfaro Arías Cruz, aclaró que no se trató de una incursión, sino de una agresión contra una patrulla de la policía preventiva, donde se reportó el arresto de dos activistas, identificados como Ricardo Hernández y Rubén Hidalgo, remitidos ante el Ministerio Público, quienes posteriormente los dejó en libertad por falta de elementos.