El funcionario federal comentó que esta veintena de pocitos son negocios familiares y, en otros casos, nos topamos con una industria de explotación hacia seres humanos y en casos aún más graves ha habido infiltración del crimen organizado.
Ciudad de México • Luego de cien días de realizar 200 inspecciones en las zonas carboníferas del país, particularmente en Coahuila, autoridades federales y estatales determinaron cerrar 20 positos por constituir un riesgo a la seguridad de los trabajadores, promover condiciones de explotación laboral y, en algunos casos, estar vinculadas con el crimen organizado.
Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, detalló que se trata de pozos que pertenecen a diferentes personas.
“Generalmente, incluso, son pozos de familias, porque la zona carbonífera, en cualquier lugar de esa zona permite la fácil extracción del carbón, algunos se encuentran a flor de piso y se extrae de manera familiar, en otros casos ha sido objeto de una industria de explotación hacia seres humanos y en casos todavía más graves ha habido infiltración del crimen organizado en la extracción del carbón”.
Pero aclaró que corresponde a las áreas de seguridad del Gobierno Federal detallar que grupos de delincuentes están involucrados, “a mí me toca en la Secretaría del Trabajo hacer las inspecciones en materia de seguridad e higiene”.
Navarrete Prida aclaró que en estos primeros cien días del Programa “no hemos tenido incidentes, a pesar de que en los meses de enero y febrero son los más difíciles en los que puede haber accidentes porque el frío hace que el gas se acumule asociado a la extracción de carbón, así sucedió desafortunadamente en Pasta de Conchos (2009)”.
La labor de inspección, dijo, continuará ya que se trata del programa de 100 días propuesto por el Presidente Enrique Peña Nieto basado en que se pondría especial interés en la zona carbonífera del país.
“Se hicieron 200 inspecciones en los primeros 100 días. Llevamos 100 inspecciones se han cerrado cerca de 20 de los llamados pocitos, y estamos viendo un comportamiento favorable de transformación, de estos pozos que tienen todas las condiciones de insalubridad y de higiene que no podrían existir en México, que deberían de ser clausurados”.
A fines de diciembre, Alfonso Navarrete Prida informó que junto con la fuerza pública del Gobierno de Coahuila y de la PGR arrancaron un proceso de inspección, que abarcará hasta el mes de febrero de 2013, para detectar las minas carboníferas que son manejadas por el crimen organizado y son peligrosas para los trabajadores.
En Coahuila se han realizado la mayor parte de las inspecciones programadas debido a que en esa entidad se concentra el 95 por ciento de la zona minera carbonífera, y el restante será en Zacatecas y Durango.
“Vamos a tener entre diciembre, enero y febrero 2000 visitas de inspección, incluso con el apoyo de la fuerza pública porque la zona carbonífera está teniendo el problema de que la delincuencia organizada se ha empezado a meter, entonces, habrá que ponerse a trabajar en ello”.
Navarrete Prida aclaró que la labor de la STPS, será la de detectar irregularidades en cuanto aperturas clandestinas de minas y positos, lugares usados de manera irregular para efectuar actos delictivos.