Ciudad de México • La fracción del PRD en la Cámara de Diputados propondrá un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo que revise el nombramiento de Ardelio Vargas como comisionado del Instituto Nacional de Migración (IMM), por considerar que el perfil policial del funcionario es incompatible con el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Así lo anticipó la legisladora perredista Lorenia Valles y dijo: “Compartimos las preocupaciones de diferentes organizaciones defensoras de las y los migrantes, que ven con alarma que una persona con carrera policial y de investigación esté a cargo de un instituto que, en principio, busca el respeto a los derechos humanos de este sector”.
Vargas se desempeñó como subdirector de seguridad del Cisen entre 1991 y 1994, y director de investigación del mismo organismo de 2000 a 2005, además de ser comisionado de la Policía Federal durante el sexenio de Vicente Fox y más recientemente responsable de Seguridad Pública del estado de Puebla.
“No dudamos que haga bien su trabajo de policía, y por esa razón se le debe reubicar en un espacio relacionado con su formación y no estar al frente de un instituto que protege los derechos humanos de los migrantes”, remarcó la diputada Valles, principal promotora del punto de acuerdo antes referido.
Agregó que el INM contribuye a la seguridad pública y fronteriza, pero no suple a las autoridades competentes en este tema.
En representación de su bancada, la legisladora del PRD sostuvo que el nombramiento de Ardelio Vargas criminaliza a las personas indocumentadas y contraviene la Ley de Migración.
“Como lo sostiene el sacerdote Alejandro Solalinde, quien fue designado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como ganador del Premio Nacional de los Derechos Humanos por su destacada trayectoria en la promoción y defensa de esas garantías de las personas migrantes, el comisionado del INM debe ser una persona que tenga experiencia en la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes”, dijo.
Recordó que la Ley de Migración establece que la política en la materia debe estar sustentada en el principio de respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito.