Jaime López-Aranda, titular del Centro Nacional de Información.
México • Jaime López-Aranda, titular del Centro Nacional de Información que tendrá la base de datos de personas desaparecidas en el país, informó que junto con la Procuraduría General de la República se les encargó la tarea de revisar los datos proporcionados por los gobiernos estatales, para “eliminar errores e información que estuviera por duplicado”.
Dijo que la construcción de la lista nacional unificada se vio “obstaculizada” y que en los registros estatales y de la autoridad federal había información “incompleta” o “no confiable” que no podía ingresarse en un registro nacional.
El funcionario explicó que el obstáculo para crear la base de datos consistió en que los gobiernos estatales e incluso las distintas instituciones federales, tenían diferentes sistemas de registro y en algunas entidades simplemente no existían.
López-Aranda advirtió que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas creado por ley, “no es un instrumento bien diseñado”.
Además indicó que la Procuraduría General de la República y las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contaban con su propia base de datos, cada una de ellas con distintas definiciones de una persona desaparecida, la forma en que se notifica a la autoridad y la información que debe recogerse en cada caso.
López-Aranda hizo estas afirmaciones en una entrevista citada en el informe sobre desapariciones difundido la semana pasada por Human Rights Watch (HRW).
HRW habla de “varias versiones transitorias de la base de datos de personas desaparecidas” elaboradas por el Centro Nacional de Información y la PGR, a las cuales tuvo acceso.
Refiere la lista de casi 21 mil desaparecidos, publicada en internet por una organización no gubernamental, de la que habló el diario estadunidense Los Angeles Times.
“HRW recibió además una segunda base de datos, que incluye más de 16 mil 250 nombres”, señala en su informe la organización.
Finalmente informa que recibió “un cuadro” elaborado por el Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) con fecha de noviembre de 2012, en el que se indica que las entidades del país reportaron 25 mil 276 personas no localizadas.
Después de estas cifras, se conocieron las reveladas por la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, de 27 mil personas desaparecidas y posteriormente, desmintiendo a la funcionaria, el ex secretario ejecutivo del SNSP, Óscar Vega Marín, asegurando que el único listado oficial que está en poder de la PGR consta de cinco mil 319 registros.
De acuerdo con la ley, además de las personas desaparecidas o extraviadas, el registro debe incluir a quienes se encuentren en establecimientos de atención, resguardo o internación y aquellas personas de quienes se desconozcan sus datos de filiación, identificación y domicilio.
Dicho listado debe ser público y accesible a todo el que lo desee y contener, de acuerdo con el artículo 7 de la ley: nombre completo de la persona, edad, domicilio, procedencia, señas particulares y demás datos de identificación.
Además debe especificarse fecha, hora y lugar donde se le vio por última vez, incluir una fotografía y los datos de la autoridad ante la cual se denunció, así como el número de expediente o averiguación previa.
A casi un año de vigencia, dicha ley carece de reglamento, donde deberían aclararse asuntos como el mecanismo para que las procuradurías estatales hagan llegar la información sobre desapariciones a dicho Centro, a donde deben migrar, de acuerdo con la ley, “todas las bases de datos y registros oficiales”.
Claves
Antecedentes
- El pasado miércoles, la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, dijo que la base de datos con la que cuenta el gobierno federal contabiliza 27 mil personas reportadas como desaparecidas en el país.
- El mismo día, Human Rights Watch informó que durante el sexenio pasado documentó 149 desapariciones forzadas por parte de corporaciones policiacas y militares coludidas con criminales.
- Además, 100 personas más fueron llevadas a la fuerza por gente armada, añadió la ONG.