Patricia Bugarín, subprocuradora de Personas Desaparecidas, dijo que muchos casos ya no son nuevos.
México • A las cifras de desaparecidos que han revelado la subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, y el ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Óscar Vega, se añade una más: la lista de mil 708 casos que posee la Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima).
En el más reciente reporte de Províctima sobre desaparecidos —que consta desde octubre de 2011 hasta el 31 de enero de 2013— se enlistan 1,734 casos, para los cuales se abrieron mil 309 expedientes. En lo que va de febrero se ha encontrado a 26 personas, por lo que la cifra se redujo a 1,708 casos.
Las estadísticas provienen de los casos en que personas acuden a Províctima para solicitar apoyo psicológico, médico o económico con tal de encontrar a sus familiares.
La subprocuradora de Personas Desaparecidas, Patricia Bugarín, explicó que la mayoría de estas denuncias ya habían sido presentadas ante el Ministerio Público.
“Muchos de ellos son personas que ya tienen averiguaciones, no son casos nuevos; la gran mayoría son casos que ya vienen de dos o tres años, haciendo seguimiento y búsqueda de su familia. No son casos nuevos”, explicó Bugarín en entrevista con MILENIO.
La funcionaria admitió que Províctima no tiene acceso a la base de datos de desaparecidos, porque el gobierno federal inició apenas en 2012 el proceso para integrar el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. El acervo permitirá saber si un caso es investigado en varios estados al mismo tiempo y cuál es el estatus jurídico de su ausencia (si es extraviada o desaparecida).
“Es un tema que está pendiente”, apuntó Bugarín. “Todos aquellos que como institución tengamos información que está relacionada con el tema, estaremos obligados a migrarla… (La de Províctima) es una base de datos todavía pequeña, pero del mismo modo la deberemos migrar”.
Destacó que en el registro también se precisará qué tipo de desaparición se investiga, pues no todas tienen relación con el crimen organizado.
“Puede ser que esté privada de su libertad o simplemente que decidió cambiar de domicilio, que tenga alguna cuestión pendiente”, indicó.
“Hemos encontrado personas detenidas; por ejemplo, hay migrantes que nos reportaron como desaparecidos, pero que estaban dentro de centros de reclusión. Realmente estaban evadiendo a sus familiares porque habían cambiado su estatus jurídico personal. Hemos encontrado niñas que habían salido de su hogar porque querían iniciar una relación de pareja a los 12 años, pero eso solo lo sabemos hasta que los investigamos”, dijo.
—¿Qué pasaba antes, no había orden en los registros?
—Hay discrepancias en el trabajo y creo que es válido decir que no todas ellas son por omisión. Hay algunas autoridades que no tienen las mismas capacidades que otras en cuanto a recursos económicos. Hay procuradurías que todavía no cuentan con un laboratorio de genética, algunas no tienen los software necesarios… No es necesariamente una situación de culpa, es una oportunidad que tenemos que tomar.
—¿Las instituciones no llegaron tarde al caso?, ¿no cree que fueron rebasadas?
—Lamentablemente, el delito siempre va delante de la acción de la autoridad. El hombre siempre va atrás del delito. Vamos atrás, sí, definitivamente sucede… Tal vez nos estamos tardando en empezar a hacer acciones prácticas todos”.
Aplican protocolo de búsqueda en 30 entidades
El reporte de Províctima destaca que, en conjunto con otras autoridades, se ha logrado encontrar a 170 personas. La mayoría de ellas fue localizada con el uso del Protocolo para Búsqueda de Desaparecidos, que empezó a aplicarse en mayo del año pasado y que hasta ahora han adoptado las procuradurías de 30 entidades, con excepción de Jalisco y Tabasco.
El protocolo consiste en un método que deben aplicar los agentes del Ministerio Público para indagar una desaparición.
Incluye ocho lineamientos de investigación: elaboración de un mapa delictivo, analizar equipos de comunicación (celulares, radios y tabletas), identificar modus operandi, revisar videos, blogs y redes sociales; identificar ropa y objetos que utilizaba la persona, así como sus rutas de movilidad y transacciones bancarias.
“Es un tronco común de trabajo, pero habrá que ver los casos concretos. Si la persona que se encuentra desaparecida realmente está privada de su libertad y tenemos datos ciertos de que ya se pidió una cantidad de dinero, un rescate, hay datos que nos hace pensar que pudiera estar en peligro para hacer acciones de naturaleza abierta, entonces nuestra sugerencia es otro tipo de trabajo”, señaló Bugarín.
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