C • La exhibición ante la prensa de detenidos, una práctica que se intensificó durante el combate al narcotráfico del ex presidente Felipe Calderón será llevada el jueves a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por expertos que la consideran inconstitucional y violatoria de la presunción de inocencia.
Desde el despliegue militar contra los cárteles de la droga lanzado en 2006, los mexicanos se acostumbraron a ver casi a diario en la televisión y los periódicos las llamadas "presentaciones", en las que hombres, mujeres y a veces menores de edad son colocados ante las cámaras tras su detención.
Estas personas suelen ser exhibidas con las manos esposadas junto a supuestas pruebas incriminatorias como armamento y dinero, y en ocasiones hasta ofrecen una confesión del delito que se les imputa.
Abogados y activistas denuncian que esta práctica es un juicio mediático paralelo que viola la presunción de inocencia de personas que deberían ser llevadas de inmediato ante un juez, y que tratan de ocultar la grave impunidad que existe en México para los responsables de delitos.
"Es una práctica arraigada desde hace más de un siglo pero que con el presidente Calderón se convirtió en el eje de su política de seguridad", dijo el periodista mexicano Marco Lara, analista de la cobertura mediática de temas de seguridad y delincuencia, quien participará en la audiencia el jueves en Washington.
"Ante un sistema de justicia paralizado por el burocratismo y la corrupción (...) las autoridades trasladan el ámbito de la justicia procesal al ámbito mediático para invisibilizar su propia ineptitud", argumentó Lara, investigador del Instituto de Justicia Procesal Penal y exconsultor de la Open Society Justice Initiative, creada por el millonario George Soros.
De acuerdo con Lara, el objetivo de las presentaciones era lograr la percepción de que se estaban logrando resultados en el combate contra los cárteles de la droga, en un momento en que sembraban el terror en algunas zonas de México con enfrentamientos e impactantes asesinatos.
El experto cree que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido "poco claro" hasta el momento en el tema y demanda la elaboración de un estricto protocolo que castigue la violación de los derechos de los acusados y de las víctimas.
En la actual administración que inició en diciembre, la fiscalía no ha realizado presentaciones de detenidos ante la prensa y el fiscal general, Jesús Murillo Karam, aseguró que será "respetuoso de la presunción de inocencia".
Un buen número de los detenidos en México es después liberado por falta de pruebas o incluso por las mismas irregularidades en el arresto, como sucedió con la francesa Florence Cassez, quien en 2005 fue retenida por agentes federales y presentada horas después a los medios de comunicación durante la recreación de la captura de una banda de secuestradores, a la que le acusaban de pertenecer.
Cassez, que había sido condenada a 60 años de cárcel, fue puesta en libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia por ese montaje y otras irregularidades procesales.
Otro caso de impacto en México fue el de Laura Zúñiga, quien en 2008 perdió su título de reina de belleza al ser detenida y presentada ante los medios junto a siete presuntos miembros de una banda del narcotráfico, entre ellos su ex novio. Al cabo de 40 días la joven fue absuelta de todos los cargos y su caso inspiró una película.
Esta estrategia comunicativa también es practicada en otros países de la región, como en Colombia, por lo que los expertos mexicanos esperan que se pueda sentar un precedente en la audiencia ante la Corte Interamericana.
Cuatro organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la CIDH -dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA)- la celebración de la audiencia del jueves, en la que esperan poder debatir con las autoridades del gobierno nacional.