El funcionario federal, acompañado por senadores antes de su comparecencia.
México y Morelos • Monte Alejandro Rubido García, ratificado en comisiones del Senado como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, rechazó toda posibilidad de que el gobierno federal legalice a los grupos de autodefensa que han surgido en diversas partes del país.
El funcionario aclaró que no se tomará esa decisión, porque el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza pública.
“Lo que existe es reglamentación, en algunas entidades, de las policías comunitarias, que se rigen por usos y costumbres. En cuanto a los grupos de autodefensa, no pueden ser reglamentados bajo ninguna circunstancia”, precisó.
“Recordemos que la Constitución establece que el monopolio legítimo de la fuerza lo tiene solamente el Estado”, reiteró.
“El Estado es el que tiene que combatir y tiene que enfrentar retos, amenazas y problemas particulares en materia de seguridad. Insisto: no es aceptable pensar en politización en el manejo de los fondos, ni de ninguna acción en materia de seguridad.”
Por separado, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, informó que esta misma semana enviará al Congreso local una iniciativa para regular la actuación de los grupos de autodefensa y adelantó que tiene el aval de las brigadas de Ayutla y Tecoanapa.
En entrevista en la Secretaría de Gobernación, explicó que se busca controlar las armas que usan, establecer jurisdicciones que no sean rebasadas, que porten uniformes, que no se cubran el rostro y que tomen cursos de capacitación en derechos humanos, protección civil, primeros auxilios y uso de sus armas.
Debate en comisiones
La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó por unanimidad el nombramiento de Rubido García como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El dictamen no alcanzó a votarse en el pleno y puede realizarse en la sesión de hoy.
En la reunión con legisladores, el funcionario federal resaltó la necesidad de crear un protocolo que regule el uso legítimo de la fuerza policiaca para evitar excesos y que las corporaciones no queden en situación de desventaja frente a la delincuencia.
Al responder cuestionamientos de legisladores, reconoció que estados y municipios no lograrán la certificación de sus policías en octubre, como quedó definido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que amplió el plazo 10 meses para alcanzar ese objetivo.
Sin embargo, precisó que a escala federal sí se logrará la certificación al 100 por ciento. “No cabe duda que los policías federales se certificarán todos en ese lapso, pero en estados y municipios habrá que esperar, porque no hay capacidad en los centro de certificación actuales”.
También recordó que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé sanciones a los servidores públicos que contraten policías no calificados. “Habrá que revisar qué tan viable es la aplicación de ese mandato, porque llegaremos a octubre en una situación que puede resultar compleja para las entidades y municipios”.
En Morelos, Javier Sicilia fustigó al gobierno por criticar el surgimiento de grupos de autodefensa, y argumentó que ante el estado de indefensión en que vive el país, impedir que la sociedad se arme para defenderse “es violar la Constitución”.
El escritor dijo que mientras el Estado quiere mantener el monopolio de la violencia es incapaz de darle seguridad y justicia a los mexicanos.
Libre, primo del presidente panameño
Luego de permanecer encarcelado tres años en México, Ramón Ricardo Martinelli Corro, ex diputado del Parlamento Centroamericano y tesorero del gobernante Partido Cambio Democrático de Panamá fue dejado en libertad.
El sujeto, quien es primo del actual presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue acusado por la Procuraduría General de la República (en la gestión panista) de lavar dinero para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Sin embargo, el juez segundo de distrito de procesos penales federales del Estado de México, Carlos Alberto Sosa López, determinó que el Ministerio Público federal no aportó pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de Martinelli Corro.
Se trata de otro fracaso de la administración panista, que consignó a diversos ex funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado, pero los casos se vinieron abajo, pues los jueces federales encontraron inconsistencias en las pesquisas.
En noviembre de 2009, el familiar del presidente de Panamá fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; después fue arraigado y finalmente consignado al penal de máxima seguridad del Occidente, en Puente Grande, Jalisco. (Rubén Mosso/México)
Claves
Violencia acotada
El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa Ciprián, aseguró que la presencia del crimen organizado está focalizado en tres regiones del país: la zona norte, el Bajío y parte de Guerrero.
De visita en Oaxaca, dijo que en el corto plazo el Ejército no regresará a sus cuarteles. “Mientras siga habiendo necesidad de presencia del Ejército se mantendrá en las calles”, señaló.
“Somos un gobierno que apenas está empezando a aplicar su política anticrimen y estamos construyendo apenas los cimientos de nuestro programa.”