Cristina Díaz, Roberto Gil Zuarth (de pie) y Armando Ríos Piter.
México • El Senado aprobó ayer en comisiones cambios a la ley de víctimas, que fueron avaladas por organizaciones civiles como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezada por Javier Sicilia, y Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace.
En la sesión se aceptaron seis modificaciones propuestas por el PAN, pero los senadores José María Martínez y Roberto Gil dijeron que este grupo parlamentario insistirá hoy ante el pleno en que haya más ajustes.
En particular, insisten en incluir disposiciones que obliguen a los estados a resarcir los daños de las víctimas, a fin de que la responsabilidad no recaiga solo en la Federación. Además, plantean que se modifiquen los plazos para que los afectados puedan acudir a realizar esos trámites ante instancias locales.
En una sesión vespertina las comisiones de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos segunda discutieron el dictamen que recogió las propuestas presentadas por los movimientos encabezados por Javier Sicilia, Alejandro Martí y María Elena Morera, y que fue arropado por PRI, PRD, PT y Verde Ecologista.
Por la mañana el PAN presentó iniciativas de reformas constitucional y legal ante el pleno, pero ya no pudieron incluirse en el dictamen.
Sin embargo, los panistas José María Martínez Martínez, Roberto Gil Zuarth, Adriana Dávila, Jorge Luis Preciado y Javier Corral presentaron 21 reservas al dictamen, de las que solo se incluyeron seis (artículos 4, 6, 44, 79, 120, 144) y una adición a la exposición de motivos para hacer un reconocimiento explícito a las organizaciones ciudadanas que impulsaron la ley.
Cambios panistas
Aunque PRI y PRD cerraron el paso a la mayoría de cambios propuestos por el PAN, sí se tomaron en cuenta las propuestas hechas por el jalisciense José María Martínez a los artículos 79 y 144, a fin de que el Sistema Nacional de Víctimas sea integrado por la Federación y las comisiones para atender a afectados en estados y el Distrito Federal.
El objetivo es que estos niveles de gobierno tengan la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común y violaciones a derechos humanos cometidos por funcionarios locales.
Asimismo, se aprobó que las determinaciones de dichas comisiones, respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño, tengan carácter de resolución administrativa definitiva. Y “contra dichas resoluciones, procederá el juicio de amparo”.
Gil Zuarth planteó también la creación de fondos estatales para resarcir los daños, pero no la propuesta pasó. De hecho, la senadora Cristina Díaz dijo que su partido, el PRI, no aprobaría más reservas, lo que causó la protesta del panista Héctor Larios, quien se quejó de la aplanadora contra las propuestas albiazules.
En entrevista posterior, el abogado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Julio Barros, y la líder de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, se dijeron satisfechos por los cambios a la ley de víctimas, pues prácticamente pasó en los términos avalados por sus organizaciones, además de que se trata de un dictamen “serio y consensuado”.
Sin embargo, Miranda de Wallace confió en que se corrija el caso de los fondos estatales, pero se dijo satisfecha de que 70 por ciento de la ley se haya modificado. “Están muchas de las propuestas que hicimos y quedamos satisfechos”, dijo.
Claves
Base de datos
En México hay un problema serio de identificación de cadáveres, dijo el presidente del TSJDF, Édgar Elías Azar, por lo que demandó la creación de un registro nacional.
“En muchas partes del país no los identifican adecuadamente, pero lo más grave es que una entidad no está comunicada con la otra. Entonces, no sabemos quiénes son”, dijo.
Ahí podría intervenir la PGR para el intercambio de información, sobre todo en la creación de la base de datos, que incluya la homologación de los protocolos de identificación, señaló.