El plan republicano fue presentado este martes por el presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.
Washington DC -Baltimore • Los republicanos publicaron este martes una propuesta para reducir el déficit en Estados Unidos en un plazo de 10 años, un plan criticado por la Casa Blanca, en una jornada en la cual el presidente Barack Obama acudió al Congreso para impulsar los proyectos prioritarios de su gobierno.
El plan republicano, difundido este martes por el presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, tiene el objetivo de reducir el déficit con un ahorro del gasto público de 4.6 billones de dólares en 10 años, sin un alza de los impuestos.
Para lograr este objetivo este proyecto prevé revocar la reforma de la salud promulgada en 2010, en el primer periodo de Obama, que otorgó cobertura sanitaria a más de 30 millones de personas que hasta entonces carecían de esa protección social.
Este plan también proyecta una fuerte reducción de los gastos sociales, como los bonos para alimentos y la cobertura sanitaria para las familias pobres.
Por su parte, la Casa Blanca rechazó esta propuesta, y afirmó que se traduciría en un alza de los impuestos para la clase media y que no contribuiría a recortar el déficit.
"Al elegir otorgarles a los estadounidenses más ricos un nuevo recorte impositivo, este presupuesto está destinado a fallar a la hora de lograr un recorte significativo para de reducir el déficit o va a subir los impuestos a las familias de clase media en más de 2 mil dólares, o ambas cosas a la vez", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.
Carney afirmó además que este proyecto contempla mantener las exenciones fiscales para la clase alta, con fuertes recortes en educación o en el presupuesto para la investigación.
En tanto, este miércoles Obama acudió al Capitolio para reunirse con los demócratas, en la primera de sus tres visitas de la semana al Poder Legislativo para acelerar la tramitación de los proyectos prioritarios de su gobierno.
El gobierno está financiado solo hasta el 27 de marzo, según una ley aprobada en setiembre. Sin una votación del Congreso para prolongarla, los servicios públicos no esenciales se verán obligados a cerrar, con cientos de miles de funcionarios licenciados sin goce de sueldo.