Manifestación frente a la SEIDO, en la Ciudad de México.
Michoacán y México • Por segunda ocasión en menos de una semana el Ejército mexicano detuvo a 17 hombres armados, quienes dijeron ser parte del grupo de autodefensa que se ubica en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), municipio de Buenavista, Michoacán.
Mientras se realizaba ese operativo militar, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó a penales federales los expedientes de 32 de 34 personas de ese mismo grupo de autodefensa detenidas la semana pasada, a las que vinculó con el cártel de Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con reportes de la 43 Zona Militar, personal castrense logró la detención de las 17 personas en la carretera Tepalcatepec-Buenavista.
Los soldados detectaron varios vehículos sospechosos, motivo por el cual ordenó a sus tripulantes detenerse.
Al revisar las unidades, los militares encontraron armas de grueso calibre, por lo que ordenaron su retención.
Minutos después condujeron a los sospechosos a la delegación de la PGR en Michoacán, donde fueron presentados junto con el armamento y los vehículos incautados.
El pasado 7 de marzo la Sedena capturó a 34 integrantes policías comunitarios de esa zona, a quienes se les encontró en posesión de 47 armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como cuatro camionetas y dosis de droga.
Un día después del decomiso, las secretarías de Gobernación y de Defensa, así como la PGR, afirmaron que los detenidos formaban parte del cártel Jalisco-Nueva Generación.
Tras esta acción, el director de Seguridad Pública de Buenavista Tomatlán y cinco miembros más de la policía local fueron liberados, pues en días previos habían sido retenidos por esta autollamada policía comunitaria.
RECLAMAN INOCENCIA
En la Ciudad de México, familiares de las 34 personas detenidas la semana pasada pidieron la intervención del presidente Enrique Peña Nieto para que se libere a los campesinos, pues dijeron que son inocentes y se dedican a la pisca de limón.
Los campesinos protestaron afuera de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de Palacio Nacional.
En la SEIDO comentaron que las armas de fuego que tenían sus parientes se las quitaron a Los caballeros templarios que viven en La Ruana, porque los han amenazado y extorsionado.
Las esposas, madres y hermanas de los detenidos advirtieron que en caso de no recibir apoyo del Presidente, las mujeres de la comunidad se armarán para defenderse de los grupos criminales, pues prefieren “morir que ser esclavos” de los narcotraficantes.
Reclamaron que en La Ruana no hay policía que los proteja, por lo que es necesaria la instalación de un cuartel del Ejército.
“Dejen en libertad a los muchachos, son inocentes, son personas, al igual que nosotras, trabajadoras del limón que dejaron a su familia, esposas e hijos. Ellos agarraron las armas para defendernos de Los caballeros templarios, porque ya de plano era mucho lo que estaban haciendo”, expresó una mujer.
—¿Qué hacían?
—Subieron mucho la tortilla, subieron la carne, nos estaban cobrando por las cajas de limón que empacábamos; ellos se quedaban con una parte. Se trabajaba tres días a la semana, con esos tres días ¿usted cree que íbamos a mantener a las criaturas? Y aparte nos quitaban dinero”.
La denunciante mencionó que Los templarios exigen como pago 200 pesos a los dueños de las camionetas que transportan limón, además de que los campesinos que van a la pisca también tienen que pagar para trabajar.
—¿Quién les dio las armas a los muchachos?
—Se las quitamos a Los templarios. En La Ruana agarramos caballeros; cuando nos empezamos a levantar en armas dijimos: ‘allá vive un fulano, es caballero’. Íbamos todos y les quitábamos las armas”.
Comentaron que los policías municipales y estatales en esa zona son aliados de los Templarios. Por ese motivo decidieron quitarles también las armas, chalecos y las camionetas.
Por su parte, la PGR solicitó la aprehensión de 32 de los 34 detenidos; siete de ellos fueron acusados de narcomenudeo y el resto por delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Aunque la PGR no quiso mencionar si ya los envió a prisión, las esposas de los acusados aseguraron que un agente del Ministerio Público Federal de la SEIDO les notificó que los detenidos fueron enviados a los penales de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas; del Altiplano, Estado de México, y al penal federal de mediana seguridad en Veracruz.
Dos menores de edad que se encuentran entre los detenidos quedarán a disposición de las autoridades responsables de revisar los casos de adolescentes infractores.
***
Secuestran y ejecutan a mando de Tarímbaro
-Tras haber sido levantado, Salvador González, director de Seguridad Pública de Tarímbaro, fue asesinado de varios impactos de arma de fuego y su cuerpo tirado en un predio de dicha población, ubicada en la zona conurbada de la capital michoacana.
La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que ayer por la mañana se reportó que el jefe policial de 35 años fue plagiado por un grupo armado al salir de su domicilio.
A las siete de la noche los servicios de emergencia reportaron que en la comunidad de Cuitzillo El Grande, poblado cercano al Aeropuerto Internacional de Morelia, había un cadáver.
El agente del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales acudieron al lugar y confirmaron que la persona fallecida era Salvador González, quien presentaba al menos tres impactos de arma de fuego.
El mando, egresado de la Universidad Michoacana, estaba uniformado y portaba las identificaciones que lo acreditaban como el jefe policial de Tarímbaro, cargo que había asumido apenas el año pasado.
La Procuraduría de Justicia inició la averiguación previa correspondiente y continúa con las investigaciones del caso a fin de dar con el paradero de él o los presuntos responsables del hecho.
(Francisco García Davish/Michoacán)