El pasado 25 de julio en una mina de Múzquiz fallecieron siete trabajadores.
México • La muerte ayer de seis trabajadores más de una mina en el municipio de Progreso, Coahuila, se suma a los casi 50 percances de este tipo que se han registrado desde 2006. En cada caso, autoridades y dueños de las excavaciones reparten culpas; sin embargo, para el procurador federal de la Defensa del Trabajo, Gustavo Hernández, la reforma laboral pudo evitar algunos casos.
El funcionario enfatizó que de acuerdo con la iniciativa de ley, puntos como facultar a los inspectores para clausurar centros de trabajo al detectar condiciones de riesgo para el empleado, así como tipificar como delito la contratación de menores, prevendrían incidentes.
“Se ha propuesto ya a través de una reforma laboral incrementar las sanciones, incluso de 315 a 5 mil veces (el salario mínimo), porque la verdad es que estos montos son muy bajos para ellos: 19 mil pesos para una empresa que se dedica a extraer carbón es demasiado bajo”, consideró Hernández.
De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, desde el inicio del sexenio se han producido 48 accidentes en yacimientos, y aunque la procuraduría no cuenta con cifras de decesos, la Comisión Especial de Seguimiento a la Problemática Surgida por los Conflictos Mineros en el país, encabezada por el diputado priista Ernesto Pompa, afirmó que en seis años se han dado casi 150 muertos.
Tan solo en Coahuila las autoridades registraron de 2000 a la fecha 207 trabajadores fallecidos y 83 heridos. Destacan los incidentes en Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006 con 65 decesos, así como el del 3 de mayo del año pasado en Sabinas, cuando 14 trabajadores quedaron atrapados.
En varios de estos percances se han reportado diversas irregularidades: el incidente del pasado 25 de julio en una mina en Múzquiz, donde murieron siete personas, la Secretaría de Trabajo denunció que el yacimiento ya había sido inspeccionado en 16 ocasiones, por lo que se ordenó la restricción de acceso a uno de los pozos por no tener salida de emergencia.
Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó en noviembre de 2011 en el “Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila”, la falta de condiciones para llevar a cabo las labores en las excavaciones.
“La mayoría de las minas no cumplen con las normas de seguridad e higiene. Los pozos no cuentan con salida de emergencia. Los trabajadores no tienen capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad mínimo, como metanómetros, botas, lámparas, cascos, etcétera.
“Los mineros a veces tienen que usar su propio equipo, porque la empresa o los contratistas no se los proporcionan. Se fuerza al máximo la capacidad de las minas. El empleo que generan los pocitos es inseguro, subregistrado y altamente peligroso”, detalla el documento del organismo, retomado de un reporte de la Organización Familia Pasta de Conchos.
También se precisa que la explotación carbonífera en Coahuila se concentra en los municipios de Monclova, Escobedo, Progreso, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Nava, Piedras Negras, Juárez e Hidalgo, en el norte del estado, donde trabajan aproximadamente 50 mil personas.
Dicha entidad se distingue por contar con la producción total del carbón en el país, según datos del INEGI, no obstante también sobresalen Durango, Guanajuato y Zacatecas con gran cantidad de minas.
Por ello, Hernández alertó que de continuar la misma normatividad “esperemos que no, pero puede seguir ocurriendo la misma situación, por la negligencia patronal”, por lo que resaltó la labor de los diputados para aprobar el proyecto jurídico a fin de llevar a cabo estas acciones, “aunque se ha planteado desde 2010”.