Trabajadores palestinos laboran en el nuevo asentamiento israelí en Ma’ale Adumim.
París • La ley del talión se aplica tal cual en Tierra Santa. Poco después del reconocimiento simbólico de Palestina como Estado no miembro de las Naciones Unidas, el 29 de noviembre, Benjamin Netanyahu no tardó en aplicar sus represalias. Así, el primer ministro israelí ha pasado a defender un nuevo proyecto de construcción de colonias en una zona estratégica de los territorios ocupados palestinos. Esta iniciativa intempestiva podría volver aún todavía más “caduca” la perspectiva de la creación de un Estado palestino a los costados de Israel.
Por añadidura, el ministro de Finanzas israelí, Yuval Steinitz, decidió confiscar el domingo el producto de los impuestos de las importaciones palestinas que Israel recibe y luego transfiere a la Autoridad Palestina (ANP) —que preside Mahmud Abas en Ramala, Cisjordania. Mientras que ésta tiene una urgente necesidad de esos fondos para pagar a sus funcionarios, de pronto el cobro de una vieja deuda (de electricidad) fue considerado como imperativo por Israel.
Anticipándose al rechazo internacional que no faltó, Washington incluido, el mejor aliado de Israel, Netanyahu se justificó invocando los “intereses estratégicos” del país. Como si estos intereses no pasaran, precisamente, por la creación de un Estado palestino que permita a Israel beneficiarse, finalmente, de fronteras seguras y reconocidas. La guerra de desgaste financiero también deja ver que la debilidad de la Autoridad Palestina transfiere la responsabilidad de más de 4 millones de personas a la potencia ocupante, como lo estipulan las leyes de la guerra.
Puramente simbólica, ¿merecía acaso la resolución de la ONU, que reafirmó tanto el derecho a la autodeterminación de los palestinos como la “urgente necesidad” de ello, una contraofensiva tan virulenta?
El muy pragmático primer ministro israelí Ehud Olmert lo duda. Desde un punto de vista táctico, el gobierno israelí hubiera ganado más echando mano de la indiferencia. Desde un punto de vista político, en cambio, Netanyahu se creyó tal vez obligado a dar garantías a los más intransigentes de sus aliados: a dos meses de las elecciones legislativas del 22 de enero, la extrema derecha israelí, tradicionalmente dividida, está alineándose bajo la dirección ambiciosa de uno de sus ex brazos derechos, Naftali Bennett.
Cierto, la fiebre electoral se aplacará después del escrutinio. Y los israelíes han sabido ser maestros en el anuncio táctico de proyectos de colonización cuya realización puede adaptarse a las necesidades. Pero este episodio subraya de nueva cuenta el absurdo que consiste en creer que ambas partes son capaces de hablar entre sí serenamente y de construir los compromisos necesarios para la conclusión de la paz. Los palestinos no se quedan atrás, si se analiza el discurso pronunciado en la ONU por su líder, Mahmud Abas: su inútil acritud es un mal augurio de lo que podría ser una negociación.
Veinte años de fracasos, de Oslo (1993) a Annapolis (2007), pasando por la “hoja de ruta” (2003), han demostrado que la vía de las “negociaciones directas”, reclamadas por Netanyahu, fue vana. La paz debe ser forzada, impuesta, en el terreno. O no será.