Guerrero • La Red de Derechos Humanos solicitó que no se amplíe el arraigo solicitado contra los presuntos delincuentes retenidos por la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), ya que eso vulneraría la ley, además de los derechos humanos de los implicados.
Manuel Olivares Hernández, coordinador técnico de la RED señaló que sigue la defensa de dos jóvenes vecinos de Acapulco que fueron detenidos por la UPOEG y posteriormente canalizados a la Procuraduría General de Justicia.
Dicha dependencia solicitó el arraigo a fin de acercar los elementos necesarios para iniciarles un proceso judicial, en caso de que sean responsables de los delitos que les imputan.
Se trata de Luis Miguel Ramos García, de 28 años y Cristian Cortés Castro de 23, ambos acusados de cometer el delito de secuestro, aunque asegura que sin pruebas contundentes.
“A ellos dos, la policía del estado, la ministerial ni la UPOEG pueden decir que los agarraron en flagrancia, sino que los entregaron más por cuestiones políticas que delictivas”, anotó.
Comentó que en el caso de sus defendidos el arraigo vence la próxima semana, pero se tiene el temor de que la Procuraduría General de Justicia les amplíe el tiempo, en una actitud más caprichosa que legal.
“Sabemos que estamos interviniendo en varios asuntos y que no somos bien vistos por la procuraduría de justicia. Por eso estamos en la tesitura de pedir que en acato a lo que establece la ley, una vez que se venzan los 30 días de arraigo las personas que no tengan pruebas contundentes en contra puedan recuperar su libertad”.
Indicó que Cristian Cortés fue herido de bala en un retén de la Policía del Estado, ya que habían pasado sin complicaciones el puesto de revisión de la UPOEG, pero por nerviosismo no se detuvieron en el filtro de los uniformados.
El defensor de los derechos humanos consideró necesario garantizar el respeto a un juicio justo de los implicados en las detenciones de la UPOEG, ya que en muchos casos no se tienen señalamientos contundentes ni soportados con pruebas, de tal suerte que mantenerlos cautivos implica un delito que también constituye una violación de parte de las instituciones reconocidas oficialmente.